El Senado nacional aprobó el pliego de la jueza Ana María Figueroa
A pesar de la aprobación del Senado, la Corte Suprema previamente había vetado la designación de la jueza Figueroa, lo que sugiere que existen cuestionamientos o problemas legales relacionados con su candidatura.
El reciente episodio en el Senado, donde el bloque oficialista aprobó la continuidad en su cargo de la jueza de Casación Ana María Figueroa a pesar de haber cumplido los 75 años, plantea serias preocupaciones y genera críticas legítimas.
En primer lugar, es fundamental recordar que la edad de jubilación de los jueces existe por una razón. La limitación de edad tiene como objetivo garantizar la renovación y la diversidad en el sistema judicial, evitando la concentración de poder en manos de un grupo reducido de personas. Esta medida se establece en la mayoría de los países democráticos para mantener un sistema judicial eficiente y justo.
La votación finalizó en un empate, lo que plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Legislativo en este asunto. El hecho de que la senadora del Frente de Todos, Claudia Ledesma Abdala, quien presidía la sesión, desempatara a favor de la permanencia de la jueza, levanta sospechas de maniobras políticas para mantener en el cargo a alguien que ya debería haberse retirado de acuerdo con la ley.
Esta decisión es coherente con los repetidos intentos del kirchnerismo por cooptar al poder judicial y asegurarle impunidad a sus figuras más cuestionadas, como son el ex ministro de obras públicas Julio DeVido, el ex vicepresidente Amado Boudou, y claramente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, epicentro de varias maniobras que estudia el poder judicial como la causa Hotesur, los cuadernos, la ruta del dinero K, y vialidad, causa por la que ya está condenada.
En resumen, la aprobación de la permanencia de la jueza Ana María Figueroa a pesar de haber superado la edad de jubilación y de ya haber sido vetada por la Suprema Corte, es un claro ejemplo de la politización de la justicia y un menoscabo a la independencia del Poder Judicial. Este tipo de decisiones socavan la confianza en las instituciones democráticas y debilitan el estado de derecho. Es esencial que el oficialismo reflexione sobre la importancia de respetar las reglas y principios democráticos, incluso cuando esto signifique tomar decisiones difíciles y desafiantes.
