El Gobierno eliminó licencias y requisitos para drones de menos de 250 g en todo el país y para equipos de hasta 25 kg en zonas rurales. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca impulsar la innovación y la libertad económica, pero genera debate por la seguridad aérea.
El 8 de agosto de 2025, el Gobierno nacional oficializó la Resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), firmada por su titular, Oscar Villabona, que desregula de forma significativa el uso de drones en Argentina.
La nueva normativa establece que los drones de menos de 250 gramos podrán operarse libremente en cualquier parte del país, sin necesidad de licencias, registro ni cursos obligatorios. En tanto, los drones de hasta 25 kg tendrán libertad total de operación en zonas rurales, también sin requisitos de autorización previa.
Además, se elimina el monopolio de capacitación, permitiendo que todos los instructores y centros puedan ofrecer cursos en cualquier categoría.
El esquema regulatorio incorpora tres secciones clave:
Parte 100: requisitos generales.
Parte 101: “Categoría Abierta” (operaciones de bajo riesgo, sin autorización previa si se cumplen las condiciones de seguridad).
Parte 102: “Categoría Específica” (operaciones de riesgo moderado o alto, con autorización y evaluación previa).
El anuncio fue realizado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó: “Si querés operar un drone liviano, el Estado no te va a molestar”, y aseguró que la medida responde a la visión del presidente Javier Milei de promover la libertad económica y reducir la intervención estatal.
Según el Gobierno, la reforma busca fomentar la innovación, aumentar la eficiencia en actividades agrícolas (fumigación, siembra, control de ganado), mejorar la logística y permitir nuevas soluciones en vigilancia y seguridad.
Sin embargo, no faltan las críticas: especialistas y usuarios en redes sociales advierten que la desregulación podría generar riesgos para la seguridad aérea, sobre todo en zonas de alto tránsito o de uso agrícola intensivo. También señalan que países como Estados Unidos mantienen exámenes obligatorios (como el TRUST de la FAA) para ciertos tipos de operación.
La Resolución 550/2025, alineada con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entró en vigor el mismo día de su publicación y se presenta como un cambio profundo en la relación entre Estado, tecnología y mercado.