La presidente de la Junta Electoral Municipal se niega a dar entrevista sobre reglamentación de veda electoral en redes sociales
En un momento en que la confianza en las instituciones democráticas es esencial, la transparencia y la rendición de cuentas son valores que deben ser defendidos y promovidos por todos los funcionarios públicos
La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales de la democracia, y cuando una funcionaria pública se niega a rendir cuentas a la ciudadanía, surgen preocupaciones legítimas. Tal es el caso de la jueza electoral Graciela Pérez Contreras quien recientemente eludió la posibilidad de dar una entrevista sobre la reglamentación de la veda electoral en las redes sociales.
El proceso comenzó con reiteradas excusas y demoras por parte de la jueza, quien aparentemente no veía con buenos ojos la idea de explicar las decisiones que afectarían a miles de ciudadanos durante el período de veda electoral, luego del informe detallado que publicásemos el sábado previo a las elecciones, donde varios funcionarios, candidatos e integrantes del actual gobierno y oposición, tomasen por asalto las redes sociales con publicaciones partidarias e innegablemente tendenciosas para influir en los votantes en pleno período de veda electoral. A pesar de las solicitudes de este medio de comunicación y ciudadanos interesados en conocer los detalles de la reglamentación y su aplicación, la jueza demoró durante días cualquier respuesta concreta.
Finalmente, cuando se solicitó formalmente un encuentro para realizar una entrevista y poder aclarar lo que hasta ese momento parecían malentendidos y errores de comunicación, Graciela Pérez Contreras se negó a participar. Su respuesta, que mencionaba que consideraba que ya había contestado y alegaba falta de precisiones sobre la tecnología y los alcances de la legislación en el medio digital, dejó en claro su reticencia a discutir públicamente su función como jueza electoral. Esta negativa es especialmente preocupante, dado que Pérez Contreras ocupa una posición de máxima relevancia en el proceso democrático y su labor afecta directamente a la ciudadanía.
La reglamentación de la veda electoral en las redes sociales es un tema crucial en la actualidad, ya que el uso de plataformas digitales se ha convertido en una herramienta clave para la comunicación política. La falta de claridad y transparencia en este aspecto puede llevar a la desinformación, la manipulación y el mal uso de la información durante los procesos electorales, aprovechando un vacío legal en la letra, pero una explícita intención en el espíritu de la legislación de la veda, que no es otra que preservar de influencias al elector en el tramo previo al acto electoral, para que en calma y con libertad de conciencia pueda decidir cuál será su elección.
La actitud de la presidenta de la Junta Electoral (ya en el declive de su carrera porque es conocido su interés por retirarse hacia una cómoda jubilación) levanta interrogantes sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Como funcionaria pública, está en la obligación de explicar sus decisiones y garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera justa y equitativa. Negarse a dar una entrevista sobre un tema de interés público pone en duda su capacidad para desempeñar su función de manera imparcial y abierta a la crítica constructiva. Si acaso su fatiga y el retiro cercano influyen en su actitud poco comprometida con la función pública, tal vez hubiera sido mejor que hiciese un paso al costado y dejase lugar a algún otro funcionario con intención, y preparación para la tarea; y especialmente con voluntad de que como funcionario público, no construya obstáculos a la hora de hacer pública su función.
En un momento en que la confianza en las instituciones democráticas es esencial, la transparencia y la rendición de cuentas son valores que deben ser defendidos y promovidos por todos los funcionarios públicos. Graciela Pérez Contreras parece haber olvidado su responsabilidad en ese sentido.
La ciudadanía merece respuestas y claridad en asuntos electorales, y es fundamental que los funcionarios electorales estén dispuestos a brindar esa información. La negativa a dar una entrevista sobre la reglamentación de la veda electoral en las redes sociales, echar luz sobre su alcance y responder cuáles son los organismos a cargo de controlar su aplicación no solo es una afrenta a la transparencia, sino que también socava la confianza en el sistema electoral y en las personas encargadas de hacerlo funcionar.
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