No hay carteles, ni ordenanza, ni resolución que lo cree o regule. No hay publicaciones oficiales, ni informes de gestión, ni presencia en el sitio del municipio. La información se obtiene de entrevistas, búsquedas en redes sociales y rastreo periodístico. Lo que debería ser una política pública es, en los hechos, una actividad semiclandestina. Quien quiera contactarse debe hacerlo por redes sociales o vía WhatsApp.
El Secretario de Gobierno Mariano Agazzi y el subsecretario de Salud, Daniel Ledesma, siguen la cuenta oficial del centro en redes. El equipo que lo coordina afirma articular con distintas áreas municipales. Sin embargo, al consultar al intendente, responde: «La verdad que desconozco». Cuando se consulta al resto del gabinete, optan por no responder. El silencio no es casual: es coordinado.
El abordaje de varones agresores es un tema sensible, complejo y necesario. Pero en Alta Gracia, se delega sin crear programa, se paga sin contrato, se actúa sin ley. La gestión corre por fuera de las estructuras del Estado. Todo lo que se sabe es por fuera del Estado. Y eso transforma una política pública en una práctica informal sostenida con fondos públicos.
¿Qué son las nuevas masculinidades? El concepto surge como una respuesta crítica a los modelos tradicionales de ser varón, muchas veces asociados a la dominación, la represión emocional y, en casos extremos, a la violencia. Estos espacios proponen que los hombres revisen los llamados privilegios que, según esta mirada, les otorga el sistema. Sin embargo, esa noción es debatida desde perspectivas liberales, que consideran que el Estado no debe asumir como verdad absoluta visiones ideológicas sobre el género. En contextos de violencia, estas iniciativas podrían tener algún impacto, aunque no existen estadísticas que demuestren su efectividad como complemento a políticas integrales, ni evidencia concreta de que funcionen mejor que otras herramientas enfocadas en la prevención o el castigo.
En una entrevista televisiva brindada a Canal 2 Noticias, integrantes del Centro para la Promoción de Nuevas Masculinidades ratificaron que el dispositivo existe, que es privado y que funciona con un equipo interdisciplinario. Mencionaron que el abordaje consiste en 16 encuentros grupales dirigidos a varones que ejercieron violencia, y que llegan por derivación judicial o de manera voluntaria. También informaron que desarrollan actividades de promoción en escuelas y espacios comunitarios.
Lo relevante es que esos 16 encuentros —parte del taller para hombres con oficio judicial— están siendo llevados adelante por un dispositivo que se presenta como privado, y sin que exista acto administrativo alguno que lo encuadre como parte de una política pública municipal.
Esto abre una serie de interrogantes: ¿quién decidió pagar con dinero público por un servicio que no tiene contrato, ni convenio, ni normativa? ¿Qué área municipal lo solicitó? ¿Con qué criterios? ¿Por qué se recurre a la figura del «legítimo abono» para reconocer algo que, según se ve, tiene estructura, duración y usuarios regulares?
El testimonio de las profesionales confirma que el trabajo existe. Pero también deja en evidencia una estructura institucional que prefiere tercerizar responsabilidades, financiar por fuera de las reglas y evitar explicar en qué se gasta.
Desde Suban El Volumen nos especializamos en investigar el uso del dinero estatal. Aquí, el foco no está en si se debe o no asistir a varones violentos, sino en cómo se hace. ¿Por qué no se informa? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué se paga sin explicar? El problema no es el gasto, sino la falta de institucionalidad y transparencia. Y más aún: la decisión activa de no rendir cuentas.
Se enviaron consultas a las áreas de Gobierno y Comunicación. Nunca hubo respuesta. Se hicieron pedidos formales. Tampoco. Lo que podría parecer una falla aislada, en Alta Gracia es constante. La lógica de comunicación oficial no es responder: es ignorar. Cuando un gobierno decide no hablar, no solo niega información: desactiva el derecho ciudadano a entender cómo se gestiona el Estado.
En momentos donde muchos reclaman más Estado, lo que salta a la vista es el uso opaco de sus recursos y estructuras. El gobierno de Alta Gracia financia políticas sin marco legal, ejecuta sin control y decide sin rendir cuentas. El problema no es la ausencia estatal, sino su uso discrecional, desinstitucionalizado y opaco: una forma de poder que se esconde tras la alfombra del progresismo burocrático.
Nota: Por decisión editorial, se ha omitido toda referencia nominal a los profesionales involucrados y a personas destinatarias de los servicios, con el fin de preservar su privacidad.