Colectividades 2026: el Concejo aprueba un adelanto de $150 millones en medio de fuertes reclamos por transparencia

El Concejo Deliberante autorizó un adelanto transitorio de caja por 150 millones de pesos y el cobro de estacionamiento pago para el 37.º Encuentro Anual de Colectividades. La oposición denunció la falta de presupuesto previo, la ausencia de balances de la edición anterior y alertó por un “cheque en blanco” a la Comisión Organizadora.

El debate exprés en el Concejo

En la sesión del 3 de diciembre, el Concejo Deliberante de Alta Gracia trató sobre tablas un proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo para habilitar el funcionamiento del 37.º Encuentro Anual de Colectividades, previsto entre el 4 y el 8 de febrero de 2026. El oficialismo, a través del concejal Marcelo Agazzi, argumentó “urgencias” de la comisión a cargo del festival para justificar el tratamiento express.

Un adelanto millonario y cesión del espacio público

El proyecto, leído en el recinto por el secretario legislativo Ismael Feliciani, autoriza al municipio a otorgar un adelanto transitorio de caja por 150 millones de pesos a la Comisión Ejecutiva Organizadora “para afrontar las primeras erogaciones necesarias para la correcta organización del evento”, a depositarse en una cuenta bancaria abierta a tal efecto. También declara de interés cultural y turístico municipal al encuentro e incorpora la ya habitual cesión del espacio público del predio de Colectividades y las calles aledañas durante las cinco noches del festival.

El estacionamiento pago y los ingresos no declarados

Uno de los puntos más sensibles del debate fue el artículo 6, que otorga a la Comisión la exclusividad para organizar el estacionamiento vehicular pago en los terrenos del antiguo trazado del ferrocarril y zonas internas delimitadas por avenida del Libertador, boulevard Alfonsín, Jorge Ñájar y José Hernández, con una tarifa de $10.000 por vehículo y por noche en las playas, y $5.000 por vehículo y por noche en las calles adyacentes, recaudación que se incorpora a los haberes de la Comisión.
Opositores recordaron que, según los últimos balances presentados, esos ingresos no habrían quedado reflejados en la contabilidad oficial del festival.

El oficialismo destaca el impacto económico

Desde el oficialismo, Agazzi defendió el esquema propuesto poniendo el foco en el impacto económico del evento: habló de más de 130.000 personas en el predio, del movimiento que genera en hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios, y de la necesidad de asegurar con anticipación los cachés de artistas, escenarios, luces y sonido en una provincia atravesada por múltiples festivales.
Recordó, además, que en los últimos dos años el acceso al predio fue gratuito y deslizó que la comisión “está evaluando” el esquema para la edición 2026.

Duras críticas de la oposición por falta de presupuesto y balance

La postura opositora fue diametralmente opuesta. El concejal Ricardo González cuestionó con dureza que se vote dinero sin contar con un presupuesto detallado, pese a que la ordenanza exige su presentación antes del 20 de noviembre. Recordó que la comisión se conformó a mediados de octubre y que para el 14 de noviembre ya tenía definida la grilla artística y la cantidad de espacios a adjudicar, pero aun así “no presentó el presupuesto”.
Incumplen con la ordenanza. ¿Qué tienen miedo? ¿Vamos a seguir escondiendo?”, lanzó, al tiempo que denunció que la misma comisión que ahora pide fondos “todavía no presentó el balance” del festival anterior.

González fue más allá y apuntó al corazón del modelo de gestión del encuentro: afirmó que Colectividades “pasó de ser una fiesta de los vecinos a un negocio”, que se transformó en un espacio para decidir “a qué puntero político contratamos” o “a qué empresa” se le otorgan servicios, y reclamó que la única forma de despejar sospechas es transparentar los números: presentar presupuestos, detallar contrataciones y mostrar balances en tiempo y forma.
Este gobierno no quiere mostrar los números”, sintetizó, y habló de un ciclo de “impunidad” y “falta de transparencia” que, según él, la ciudadanía ya no tolera.

Allende: “Es un cheque en blanco”

La concejala Lucía Allende reforzó esa línea crítica y acusó al oficialismo de violar descaradamente la ordenanza que regula el festival. Tras confirmar en el recinto que el Ejecutivo no había enviado el presupuesto requerido, cuestionó:
¿Con qué cara vienen a pedir 150 millones de pesos sin decir para qué? Plata que no es de la comisión, que es de los vecinos”.
Calificó la autorización como un “cheque en blanco” y advirtió que se trata de “fondos públicos que alguien debe justificar”, tanto en el presupuesto previo como en el balance posterior.

Allende contrastó la situación de Alta Gracia con otros festivales de la provincia, como Jesús María y Villa General Belgrano, donde —según señaló— los balances se presentan a la semana de finalizado el evento, con gastos digitalizados y aprobados con antelación.
Es el único festival de Córdoba que no presenta los balances en tiempo y forma”, afirmó, y recordó que en los últimos dos balances de Colectividades no figura el ingreso por estacionamiento medido, pese a que la ordenanza establece que debe integrarse al balance contable.
Hay gente que se queda con esa plata. No lo digo yo, lo dice el balance”, remarcó.

Quejas por el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva

La oposición también cuestionó el funcionamiento interno de la Comisión Ejecutiva. González relató que, pese a haber dejado teléfonos y correos electrónicos para ser convocado, nunca fue invitado a reuniones, que no se llevan actas formales y que las decisiones sobre grilla, tarifas y contrataciones se toman sin participación real de los veedores.
Vamos a ser veedores de una comisión que no se reúne”, ironizó, y sostuvo que no quiere ir “a sacarse la selfie” al predio, sino estar presente “cuando se votan las cosas”, especialmente tarifas de playas de estacionamiento y montos que luego deben figurar en los balances.

La creación de una comisión de veedores

Como respuesta, el oficialismo propuso —y logró aprobar— la conformación de una comisión de concejales veedores para seguir el desarrollo del festival y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva hasta que se cierre la edición 2026.
Sin embargo, desde la oposición advirtieron que, sin acceso efectivo a documentación, sin convocatoria a reuniones y sin balances publicados, ese mecanismo puede quedar reducido a una formalidad más.

Aprobación final y cuestionamientos persistentes

Finalmente, el proyecto de ordenanza fue aprobado por mayoría en general y luego artículo por artículo. La oposición votó en contra de los puntos más sensibles, como el adelanto de $150 millones y la autorización del estacionamiento pago, pero no logró frenar el paquete.
El festival de Colectividades 2026 tiene vía libre para avanzar; la deuda pendiente sigue siendo la misma: poner números concretos sobre la mesa y rendir cuentas públicamente por cada peso del dinero que, como repitieron los ediles críticos, “no es de la Comisión: es de los vecinos”.

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