Una fiesta popular con respaldo estatal

La información surge del Boletín Oficial y del expediente administrativo N° 216/2025. La resolución indica claramente:

“Otórguese la suma de $500.000 a Molina Herrera Elías Nahuel en carácter de presidente del Centro Vecinal de Villa Oviedo, como ayuda económica para gastos del Primer Festival del Choripán”.

Cuadernos, informalidad y una rendición ausente

El problema no fue el evento en sí, sino la rendición posterior. Consultado por este medio, el propio Elías Molina reconoció que el recuento del dinero se hizo de manera “apresurada”, sin la participación de la Comisión Directiva, y que fue realizado junto a un colaborador personal. Según Molina, la urgencia para pagar a proveedores lo llevó a tomar decisiones improvisadas. También afirmó que los registros están en “cuadernos” y que “están disponibles para mostrar en una reunión informal”, pero no fueron presentados de manera formal ni pública.

A esto se suma que no hubo acta oficial de la rendición, ni informe al Concejo Deliberante, ni constancia de aprobación del gasto por parte de la Comisión Revisora de Cuentas. La documentación que exige la Ordenanza Nº 10177 —vigente para Centros Vecinales— brilla por su ausencia.

El rol del colaborador y la cadena de favores

El colaborador al que Molina hace referencia es Elías Valoy, una persona ajena a la Comisión Directiva y sin cargos formales. Sin embargo, fue él quien manejó el dinero junto al presidente del Centro. Esta situación viola claramente el artículo 16 de la Ordenanza 10177, que establece que el manejo de fondos debe estar bajo responsabilidad de las autoridades electas, y que los recursos deben contabilizarse en libros rubricados por el Tribunal de Cuentas Municipal.

La pregunta es obvia:

¿Qué rol cumple Valoy? ¿Por qué tuvo acceso a los fondos? ¿Quién autorizó esa informalidad?

La situación se vuelve aún más compleja cuando se analiza el entorno político de Elías Molina.

El entramado político detrás del centro vecinal

Molina no es solo presidente del centro vecinal. También es becado por el Municipio, cumple funciones en la Guardia Urbana —aunque no está claro si en monitoreo o patrullaje—, trabaja para la FM Radio Alta Gracia 103.9, y es cercano al concejal oficialista Pablo Ortiz, actualmente con licencia. Incluso militó activamente la campaña del intendente Marcos Torres en 2023, y se lo vio celebrando la victoria.

Este entramado roza la delgada línea de los favores cruzados: un presidente vecinal que recibe fondos públicos, rinde en cuadernos, y a la vez trabaja para el Estado, milita para el oficialismo y reporta en medios cercanos al poder. Todo esto sin controles visibles del Tribunal de Cuentas, sin auditorías, y con un silencio oficial que desconcierta.

Lo que dice (y no se cumple) la normativa

La Ordenanza N.º 10177 es clara. En su artículo 15, establece que:

“Los fondos serán contabilizados en libros rubricados por el Tribunal de Cuentas y estarán a su disposición permanentemente”.

En el artículo 18, señala que el balance debe estar conformado previamente por el Tribunal de Cuentas y con dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. Nada de eso ocurrió.

Además, el artículo 33 faculta al Departamento Ejecutivo a intervenir directamente cuando haya irregularidades o cuando no se cumplan las funciones básicas del centro. Hasta hoy, no hubo ninguna acción visible del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante para exigir explicaciones.

Un sistema que invita a la opacidad

Este no es un caso aislado: el 90% de los centros vecinales no publica balances, y los controles internos brillan por su ausencia. Sin presupuesto participativo, sin rendiciones públicas y con estructuras vecinales que muchas veces funcionan como sucursales partidarias, el modelo de participación termina desvirtuado.

La historia del Festival del Choripán es un ejemplo perfecto de cómo, incluso en lo pequeño, la opacidad puede abrir la puerta al clientelismo y al uso discrecional de fondos públicos.

¿Y ahora qué?

La pregunta es si alguien va a exigir respuestas. ¿El Tribunal de Cuentas pedirá las rendiciones? ¿El Departamento Ejecutivo aplicará las sanciones que le otorga la ordenanza? ¿El Concejo Deliberante solicitará informes? ¿O simplemente se dejará pasar?

Porque cuando las cuentas se anotan en un cuaderno, los vínculos se confunden, y nadie controla nada, lo que parece un festival, puede terminar siendo otra oportunidad perdida para fortalecer la democracia barrial.