La decisión de vetar la ley previsional impulsada por el Congreso marca una línea clara del gobierno libertario: evitar la demagogia fiscal, priorizar la sostenibilidad económica y proteger a los argentinos del colapso financiero. El Ejecutivo defendió con firmeza su programa de equilibrio presupuestario.
El presidente Javier Milei ejerció su facultad de veto para bloquear la ley previsional sancionada por el Congreso, que proponía actualizar haberes jubilatorios con una fórmula que ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. La medida fue comunicada oficialmente por el vocero Manuel Adorni, quien reafirmó que el gobierno “no permitirá más populismo irresponsable que destruya el esfuerzo de los argentinos”.
El proyecto vetado proponía aumentos por inflación con adicionales porcentuales, una fórmula que, según el gobierno, hubiera implicado un gasto extra de 0,4% del PBI y cerca de $4 billones anuales, sin fuentes de financiamiento claras. “Esto significaba emitir, endeudar o fundir al sector privado con más impuestos”, explicaron desde Casa Rosada.
En línea con su compromiso con la sostenibilidad, Milei propuso una alternativa técnica y viable: la fórmula del 8,1% correspondiente a junio, con un bono para compensar. “Nos comprometimos con el déficit cero y lo vamos a cumplir. Si no hay plata, no hay plata”, reiteró el Presidente.
Desde el oficialismo interpretan el veto como un mensaje político hacia la clase dirigente: la época del gasto fácil terminó. Con este acto, Milei refuerza su narrativa de gobierno austero, sin privilegios ni beneficios discrecionales, y en sintonía con las demandas del electorado que eligió un cambio profundo.
El rechazo parlamentario a su propuesta y el intento de imponer fórmulas fiscales sin respaldo son, para el Ejecutivo, parte de una resistencia corporativa al ajuste. La imagen pública del Presidente entre sus seguidores se fortalece: Milei aparece como el único dispuesto a decir “no” a tiempo y a sostener una agenda liberal sin concesiones.