El Concejo Deliberante dio ingreso al presupuesto y la tarifaria 2026 y fijó audiencia pública para el 23 de diciembre, pero rechazó publicar los proyectos completos en la web. En paralelo, los choferes de aplicaciones pidieron cambios urgentes a la ordenanza que regula Uber y similares, mientras crecen las dudas sobre el rumbo del transporte y la apertura de los números municipales.
La sesión ordinaria de este miércoles 10 de diciembre comenzó a las 12.44, con el presidente del Concejo y viceintendente Jorge De Nápoli dejando asentado que había nueve concejales ausentes al momento de dar inicio. Aun así, el oficialismo avanzó con un temario cargado de definiciones sensibles para 2026. El punto más relevante fue el ingreso del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2026 y de la Tarifaria 2026, enviados por el Departamento Ejecutivo. A pedido del concejal oficialista Marcelo Agazzi, ambos expedientes tuvieron primera lectura, fueron girados a la Comisión de Hacienda y se convocó a audiencia pública para el 23 de diciembre a las 10.00 en el Concejo Deliberante.
En ese marco, el concejal opositor Ricardo González propuso que presupuesto y tarifaria se publiquen completos en la página oficial del Concejo, para que cualquier vecino pueda consultarlos desde su casa antes de la audiencia. El planteo se apoyó en la Carta Orgánica, que exige amplia difusión de los proyectos sometidos a audiencia pública, y en la necesidad de evitar que los ciudadanos dependan de copias impresas o de resúmenes elaborados por el Ejecutivo para los medios. González advirtió que, si no se garantiza el acceso ciudadano al presupuesto y la tarifaria completos, “se toma a los vecinos de rehén” y denunció que los números municipales “no pueden seguir ocultos” mientras a la prensa no se le entrega el proyecto en PDF, sino resúmenes “armados para decir lo que el gobierno quiere que se diga”.
La discusión derivó en un cruce interpretativo. Mientras la presidencia habló de una “gestión” administrativa para mejorar el acceso a la información, desde la oposición insistieron en que hacía falta una decisión política clara para ordenar la publicación inmediata en la web institucional. La concejala Lucía Allende remarcó que la Carta Orgánica ya exige difusión amplia y que publicar los proyectos en los canales digitales oficiales es simplemente cumplir la norma. La moción de González no obtuvo el acompañamiento suficiente y el debate sobre la transparencia del presupuesto 2026 quedó abierto a pocas semanas de su aprobación definitiva.
En paralelo, la sesión avanzó con una extensa serie de exenciones de tasas municipales y de deudas con COSAG para vecinos en situación de discapacidad o vulnerabilidad social. En todos los casos, se aprobaron por unanimidad condonaciones del 100% de las deudas en concepto de tasa a la propiedad, cementerio o servicios de agua, muchas de ellas hasta diciembre de 2026. El bloque oficialista destacó el gesto como una herramienta de alivio para familias que no pueden afrontar esas cargas, mientras la oposición acompañó sin objeciones los dictámenes de la Comisión de Hacienda.
Otro momento clave se produjo cuando el secretario legislativo Ismael Feliciani leyó una nota firmada por conductores de aplicaciones de transporte, que cuestiona la ordenanza sancionada el 5 de noviembre y aún no reglamentada, que regula el funcionamiento de Uber y servicios similares en Alta Gracia. El escrito plantea que se trata de una actividad privada entre particulares, protegida por los artículos 14, 19 y 28 de la Constitución Nacional y por el Código Civil y Comercial, y sostiene que el municipio solo puede intervenir en materia de tránsito y ordenamiento urbano, pero no en la regulación de los contratos privados.
Los choferes señalan como requisitos inconstitucionales exigencias locales como la libreta sanitaria categoría D1, la antigüedad máxima de 10 años para los vehículos, la obligación de tener domicilio en Alta Gracia, la inspección ocular municipal con identificación autoadhesiva y la habilitación municipal específica de conductores y autos. En la nota comparan el esquema local con la regulación vigente en la Ciudad de Buenos Aires, donde —según describen— no se exige domicilio local, ni licencia profesional, ni límite de antigüedad, ni ART, ni inspección municipal obligatoria. El documento advierte, además, sobre un “riesgo legal inminente”: si la ordenanza se reglamenta tal como está, podría ser frenada cautelarmente en 30 a 60 días y abrir la puerta a reclamos por daños ante secuestros de vehículos considerados indebidos. Por eso proponen una modificación “políticamente viable” antes de la reglamentación, que reconozca expresamente la naturaleza privada de la actividad, elimine los requisitos propios del transporte público y limite la intervención municipal al control fiscal de las plataformas y al cumplimiento de las normas de seguridad vial ya previstas en la Ley Nacional de Tránsito.
Desde la oposición se recordó que la ordenanza fue aprobada por unanimidad tras meses de trabajo entre bloques y con el Departamento Ejecutivo, pero se cuestionó con dureza la actitud del intendente Marcos Torres, quien días atrás se reunió con choferes de aplicaciones y les habría prometido revisar algunos puntos clave —como la antigüedad del vehículo y la cuestión regional— sin permitir el ingreso de concejales a la reunión. El concejal Ricardo González relató que se hizo presente ese día y no se le permitió el acceso; calificó la situación como una “desprolijidad” y reclamó que el Ejecutivo deje de “endulzar los oídos” de los choferes y presente un proyecto formal de modificación. “La gente pregunta si van a modificar la ordenanza o no; esto no se resuelve con reuniones, la respuesta concreta es un proyecto firmado”, sostuvo.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Legislación General defendió el trabajo realizado y aclaró que hasta el momento no existe ningún proyecto formal del Ejecutivo ni de los bloques opositores que proponga un esquema alternativo al aprobado en noviembre. No obstante, acompañó la idea de seguir analizando las notas presentadas por los conductores y otros actores del sistema de transporte. Como síntesis, el Concejo resolvió remitir la nota de los choferes a la Comisión de Legislación General y enviar una copia urgente al Departamento Ejecutivo, para que el intendente evalúe si cumplirá la palabra que, según relatan los conductores, les habría dado en la reunión reciente.