La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada con amplio consenso en julio, quedó en el centro de una batalla política, judicial y social. Mientras el gobierno de Javier Milei advierte sobre un fuerte impacto fiscal, la oposición y organizaciones sostienen que se trata de un derecho humano básico. La Justicia ya declaró inconstitucional el veto y Diputados lo rechazó con dos tercios. Ahora, el Senado será clave.
La sanción de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad el pasado 10 de julio de 2025 parecía un raro momento de acuerdo en el Congreso argentino. Sin embargo, apenas unas semanas después, la decisión del presidente Javier Milei de vetarla completamente mediante el Decreto 534/2025 desató una tormenta política y social que todavía sigue escalando.
La norma declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año) y busca proteger terapias, educación, transporte y apoyos financieros en un contexto de inflación superior al 200% anual y atrasos de hasta 90 días en los pagos a prestadores. Entre sus puntos centrales se destacan:
Actualización mensual de aranceles para prestadores según el IPC del INDEC.
Creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima, compatible con empleo formal bajo ciertos topes de ingresos.
Incorporación obligatoria de beneficiarios al programa Incluir Salud para garantizar cobertura integral.
Transformación de pensiones por invalidez en pensiones por discapacidad, resolviendo deudas acumuladas y ampliando compatibilidad.
Cumplimiento del 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público y privado, con incentivos para su cumplimiento.
El argumento fiscal del Gobierno
El oficialismo justificó el veto en términos económicos. Según el decreto, la ley generaría un gasto equivalente a 0,36% del PBI en 2025 (unos $3 billones ARS) y 0,59% en 2026 (unos $6 billones ARS), principalmente por la nueva pensión y la ampliación de programas de salud.
La administración Milei subrayó que la norma no contempla fuentes de financiamiento específicas, lo que violaría la Ley 24.156 de administración financiera. Para la Casa Rosada, el riesgo es dinamitar el superávit fiscal, condición clave de su programa económico y de los compromisos con el FMI.
Incluso, en declaraciones públicas, funcionarios llegaron a citar cifras de hasta 6% del PBI, aunque el decreto oficial reduce ese impacto a menos del 1%.
La otra mirada: impacto mínimo y derechos humanos
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo real oscilaría entre 0,22% y 0,42% del PBI, mucho más bajo que lo planteado por el Ejecutivo. Para la oposición y organizaciones sociales, el veto responde más a un dogma de ajuste que a la realidad presupuestaria.
“Es un acto cruel e inhumano”, sostuvieron desde el Foro Permanente para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mientras familias advirtieron sobre la suspensión de terapias y el cierre de instituciones que sobreviven con donaciones o endeudamiento.
El 18 de agosto, el juez federal Adrián González Charvay declaró el veto inconstitucional en un amparo presentado por padres de dos niños con trastornos del desarrollo. En su fallo, habló de “clara discriminación” y señaló que el derecho a la salud y la educación no puede estar supeditado al equilibrio fiscal.
Diputados rechaza el veto: Milei pierde una pulseada
El 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el veto con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios. La votación exhibió un frente opositor unido (UxP, Coalición Cívica, Encuentro Federal, sectores de la UCR y del PRO) y fisuras en La Libertad Avanza, con deserciones notorias como las de Lourdes Arrieta y Héctor Baldassi.
Fue la primera gran derrota legislativa de Milei, que ahora depende del Senado para mantener su estrategia de ajuste. Si la Cámara alta también rechaza el veto, la ley quedará promulgada automáticamente, salvo que prospere la estrategia judicial del Ejecutivo.
Más allá de los números: un debate de fondo
La controversia sobre la Ley 27.793 trasciende la contabilidad fiscal. Pone sobre la mesa una discusión central: ¿hasta dónde puede llegar la austeridad cuando entran en juego los derechos de los sectores más vulnerables?
Con el 10% al 15% de la población argentina afectada por algún tipo de discapacidad, el desenlace de esta ley tendrá impacto directo en millones de familias.
Por ahora, la pulseada sigue abierta: el Gobierno promete judicializar cualquier avance y la oposición redobla la presión parlamentaria y social. En el medio, miles de personas esperan definiciones concretas para no perder el acceso a prestaciones básicas.