La Ley 27.793, aprobada con amplio consenso en el Congreso, fue vetada por Javier Milei y desató una batalla política, judicial y social. La Justicia ya declaró inconstitucional el veto y Diputados lo rechazó por amplia mayoría. El Senado tendrá la última palabra.
El Congreso aplaudía de pie el 10 de julio, cuando la Ley 27.793 fue aprobada casi por unanimidad. La norma declaraba la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, con la promesa de garantizar terapias, transporte y pensiones para un sector golpeado por la inflación. Parecía un raro momento de consenso en la política argentina.
Menos de un mes después, el gesto cambió de tono. El presidente Javier Milei vetó la ley en su totalidad, invocando un argumento central: el costo fiscal. “Hablamos de hasta un 6% del PBI. No podemos volver al asistencialismo fracasado”, repitió el vocero Manuel Adorni, en un mensaje que mezclaba advertencia y pedagogía económica.
Entre las cifras y la calle
Las cifras, sin embargo, son objeto de disputa. El decreto presidencial estimó un gasto de 0,36% del PBI en 2025 y 0,59% en 2026, unos $3 y $6 billones respectivamente. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula un impacto mucho menor: entre 0,22% y 0,42% del PBI. La brecha alimenta la sospecha de que el Gobierno infló los números para justificar el ajuste.
En las calles, el cálculo es más simple. “Mi hijo perdió su terapia porque los aranceles están congelados desde hace meses”, dijo entre lágrimas Mariana, madre de un adolescente con discapacidad motriz. Testimonios como el suyo se repiten en cada movilización frente al Congreso o en las redes sociales, donde el veto fue calificado como “inhumano”.
La Justicia entra en escena
El 18 de agosto, un fallo en Campana sorprendió al oficialismo. El juez federal Adrián González Charvay declaró el veto inconstitucional. Habló de “clara discriminación” y recordó que los derechos a la salud y la educación no pueden quedar subordinados al equilibrio fiscal. Citó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce un derecho autónomo al cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad.
Ese mismo día, en un barrio de La Matanza, una asociación civil de padres celebraba la noticia. “Es la primera vez en años que alguien nos escucha”, dijo un docente voluntario, rodeado de carpetas con reclamos de prestaciones interrumpidas.
El Congreso desafía al Ejecutivo
Dos días más tarde, el 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el veto con 172 votos afirmativos. Fue la primera gran derrota legislativa de Milei, en un recinto donde los bloques opositores se unieron y hasta hubo fugas dentro de su propia coalición. El oficialismo acusó el golpe con silencios y advertencias de que judicializará cualquier intento de implementación.
La escena mostró más que un resultado parlamentario: exhibió las grietas internas de La Libertad Avanza, donde algunos diputados prefirieron desmarcarse antes que convalidar lo que las familias consideran un abandono.
Entre la austeridad y los derechos
En el fondo, la controversia es un espejo de la tensión que atraviesa a la Argentina actual: ajuste o derechos. El Gobierno insiste en que sin disciplina fiscal no habrá recuperación ni alivio inflacionario. Los críticos replican que los números no cuadran y que el costo de la ley es marginal frente al daño que genera no aplicarla.
Mientras tanto, el 10% al 15% de la población que vive con alguna discapacidad sigue en el limbo. Los prestadores denuncian que trabajan a pérdida, las familias recurren a donaciones y las instituciones acumulan deudas.
Una pregunta abierta
La Ley 27.793 todavía espera en el Senado. El desenlace es incierto, entre recursos judiciales, pulseadas parlamentarias y movilizaciones sociales. Lo que ya está claro es que el debate desnudó una contradicción central: ¿puede un país sostener la austeridad cuando el precio es recortarle derechos a los más vulnerables?
La respuesta, como tantas veces en la historia argentina, no llegará solo de los números. Llegará de la política.