En Alta Gracia, las tasas municipales suben un 10,44% en mayo y un 4,77% desde septiembre. El municipio justifica los ajustes con paritarias y equilibrio fiscal, pero crece la tensión con los vecinos.
En Alta Gracia, los números fiscales se mueven al ritmo de las negociaciones salariales y los indicadores nacionales. En mayo, la Municipalidad aplicó un aumento del 10,44% en las tasas, mientras que una resolución posterior determinó un nuevo ajuste del 4,77% desde septiembre y octubre. Ambas medidas se fundamentan en la variación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), el índice salarial utilizado como referencia.
En paralelo, los empleados municipales obtuvieron aumentos escalonados: 6% en enero, un ajuste ligado a la inflación de febrero, 7,5% en marzo y un nuevo 6% en mayo. Según funcionarios, esto permitió que los sueldos “le ganen a la inflación”, ubicándose por encima del 17,3% acumulado hasta julio, según datos del INDEC.
El secretario de Recursos Humanos, José María González, sostuvo en una entrevista que los trabajadores “están recuperando” y que el municipio mantiene una política de prudencia: “Nunca gastamos más de lo que ingresa”. La lógica oficial es clara: sostener las paritarias requiere garantizar recaudación. Sin embargo, para los vecinos esto se traduce en boletas más caras en un contexto de ventas minoristas en caída (-12,93% en agosto).
La presión fiscal no se limita al aumento de tasas. En mayo, una resolución fijó un interés del 4% mensual para las deudas tributarias impagas. A fines de junio, otra norma redujo ese recargo al 2,75% mensual, vigente desde julio. El mensaje es inequívoco: el atraso en los pagos se castiga con dureza.
El contraste con el panorama provincial y nacional refuerza la discusión. Mientras que en Córdoba capital los municipales cerraron un aumento anual del 22,5%, y los salarios del sector público provincial crecieron en torno al 18% en el semestre, las comunas más pequeñas quedaron rezagadas con promedios en torno al 10-12%, por debajo de la inflación. En Alta Gracia, en cambio, la estrategia ha sido colocar a los municipales por encima del IPC, aun a costa de trasladar la carga a los contribuyentes.
La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿esa presión impositiva se ve reflejada en mejores servicios públicos? Calles deterioradas, luminarias apagadas y barrios con reclamos sin respuesta parecen contradecir la narrativa del equilibrio fiscal. El dilema queda abierto: mientras el municipio celebra la “prudencia” y el orden financiero, los vecinos sienten que la factura se paga en silencio desde sus bolsillos.