Lo que comenzó como un festival barrial terminó derivando en una crisis dentro del Centro Vecinal Villa Oviedo, con renuncias en la comisión, cuestionamientos sobre el manejo de fondos, una denuncia penal y presentaciones ante organismos de control municipales.
Detrás del Festival del Choripán de Villa Oviedo, organizado en febrero de 2025 por el Centro Vecinal del barrio, hoy existe una controversia que involucra una renuncia dentro de la comisión directiva, cuestionamientos sobre el manejo de recursos económicos, una denuncia penal y actuaciones ante distintos organismos de control del municipio de Alta Gracia.
Lo que inicialmente fue presentado como una actividad comunitaria para reunir vecinos y recaudar fondos, con el paso de los meses terminó generando un conflicto institucional dentro de la organización barrial.
El origen del festival
La historia se remonta a diciembre de 2024, cuando se conformó la nueva comisión del Centro Vecinal Villa Oviedo.
El presidente electo fue Elías Nahuel Molina Herrera, acompañado por distintos integrantes de la comisión, entre ellos Vilma Bordón, quien asumió como secretaria.
Poco tiempo después, la nueva conducción impulsó la organización de un evento gastronómico que buscaba convertirse en una celebración popular del barrio: el Festival del Choripán de Villa Oviedo.
Para su realización, el Municipio de Alta Gracia otorgó un subsidio de $500.000, según consta en el Decreto Nº151/25, destinado a colaborar con la organización del evento.
La primera edición del festival se realizó en febrero de 2025 y reunió a vecinos que instalaron distintos puestos gastronómicos.
Según explicó posteriormente el propio presidente del centro vecinal, participaron once puestos de choripán y hamburguesas, cuyos ingresos quedaron para quienes atendían cada puesto.
“Hubo más de diez puestos de chori… once para ser exactos. Eran vecinos del barrio y cada uno se llevó su ganancia”, explicó Elías Molina en una entrevista realizada por Suban El Volumen en noviembre de 2025.
Los gastos, los proveedores y el recuento del dinero
La organización del evento también implicó distintos gastos: sonido, bebidas, descartables, baños químicos y otros servicios necesarios para montar el festival.
Según el propio Molina, varios de esos servicios se obtuvieron a consignación o mediante acuerdos informales con proveedores.
“Gracias a contactos y gente que confió en mí pudimos conseguir la bebida y el sonido a consignación y pagarlo después con lo recaudado.”
Tras finalizar el evento, el dinero recaudado debía ser contado para poder pagar esos compromisos.
Según el relato del presidente del centro vecinal, el recuento se realizó de manera apurada, debido a que los proveedores reclamaban el pago de los servicios.
“Se llevó el recuento del dinero de forma apurada porque teníamos que pagar lo que le debíamos a los prestadores.”
De acuerdo con su versión, varios integrantes de la comisión fueron convocados para participar del conteo pero no pudieron asistir.
Finalmente, el recuento se realizó junto a un colaborador cercano del centro vecinal, que no ocupa un cargo formal dentro de la comisión.
“Es un colaborador directo nuestro… alguien que siempre nos acompañó en las actividades del barrio.”
Molina también explicó que los movimientos económicos del festival fueron registrados en cuadernos, donde se anotaron ingresos y gastos.
Según indicó, esos cuadernos se encuentran bajo su custodia personal, ya que el centro vecinal todavía no cuenta con una sede donde guardar documentación administrativa.
“Los cuadernos los tengo yo en casa porque el centro vecinal no tiene sede todavía. Ahí está anotado todo paso por paso.”
La renuncia que encendió el conflicto
El conflicto escaló a comienzos de 2026, cuando se produjo un hecho que cambió el escenario interno del centro vecinal.
El 28 de enero de 2026, la secretaria del centro vecinal, Vilma Bordón, presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al presidente de la institución.
En el documento, Bordón manifestó que no podía continuar desempeñando sus funciones en un contexto que —según expresó— carecía de la transparencia necesaria, tanto frente a los vecinos como ante la propia comisión directiva.
Entre los cuestionamientos planteados en su renuncia menciona:
• falta de información clara sobre ingresos y egresos
• ausencia de registros formales en los libros institucionales
• falta de rendiciones públicas ante los vecinos
En particular, la ex secretaria señala que no existirían registros en los libros institucionales que expliquen el destino de fondos recibidos desde la Municipalidad.
En su carta menciona una ayuda económica cercana a los $3.000.000, cuyo uso —según afirma— no habría sido debidamente documentado dentro del centro vecinal.
También advierte que no se habrían realizado las asambleas vecinales correspondientes, donde deberían presentarse balances y rendiciones económicas ante los vecinos.
La renuncia marcó un punto de quiebre dentro de la comisión directiva.
La denuncia penal
Tras conocerse la renuncia, el vecino Franco Maldonado, residente de Villa Oviedo, presentó una denuncia penal solicitando que la Justicia investigue una presunta malversación de fondos públicos vinculada al manejo de recursos del festival.
La presentación judicial busca determinar si los fondos recibidos y administrados en el marco del evento fueron correctamente registrados y rendidos, o si existieron irregularidades en su administración.
El festival había contado con un subsidio municipal de $500.000 otorgado mediante el Decreto Nº151/25, lo que introduce en la discusión la posible utilización de recursos públicos dentro de la organización del evento.
Las presentaciones ante organismos de control
Además de la denuncia judicial, Maldonado realizó presentaciones administrativas ante distintos organismos municipales.
Entre ellos:
• Tribunal de Cuentas de Alta Gracia, encargado de controlar el uso de recursos públicos municipales
• Concejo Deliberante, como órgano legislativo local
• Subsecretaría de Prevención y Vinculación Ciudadana, área municipal encabezada por Agustín Saieg, responsable de la articulación institucional con los centros vecinales
Las presentaciones buscan que los organismos correspondientes analicen el funcionamiento institucional del Centro Vecinal Villa Oviedo y determinen si corresponde algún tipo de control administrativo o institucional.
Vínculos políticos y contexto del conflicto
El conflicto también abrió otra discusión dentro del barrio: la relación entre la conducción del centro vecinal y el escenario político local.
El actual presidente del centro vecinal, Elías Molina, participó activamente en la campaña municipal de 2023, que culminó con la reelección del intendente Marcos Torres Lima.
En redes sociales pueden encontrarse registros de su participación en actividades proselitistas y en los festejos posteriores al triunfo electoral.
Ese antecedente no implica por sí mismo ninguna irregularidad administrativa, pero forma parte del contexto político en el que hoy se desarrolla la discusión.
En ese mismo marco aparece la figura del colaborador que participó del recuento del dinero del festival, mencionado por el propio Molina.
Según distintas versiones recogidas entre vecinos, se trataría de Elías Valoy, quien también habría participado en actividades vinculadas a la campaña municipal de 2023.
Un festival que terminó en escándalo
Mientras tanto, la comisión vecinal anunció una nueva edición del Festival del Choripán, que incluso debió ser reprogramada por cuestiones climáticas.
Pero el evento ya no se desarrolla en el mismo contexto que el primero.
Porque detrás del festival hoy existe una discusión abierta sobre la transparencia en el manejo de recursos dentro de organizaciones barriales y los mecanismos de control sobre fondos públicos.
Una discusión que ya dejó una renuncia dentro de la comisión, una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos y actuaciones en distintos organismos de control del municipio.
Y que, por ahora, sigue abierta.