El oficialismo buscaba aprobar sobre tablas la eximición para comerciantes afectados por la obra sobre Avenida Libertador. Pero tras el debate y las críticas por la lógica del “50%”, el proyecto finalmente pasó a comisión.
La obra sobre Avenida del Libertador volvió a instalar tensión política en el Concejo Deliberante de Alta Gracia. Esta vez no por los plazos, ni por los reiterados cortes de tránsito, sino por la lógica utilizada por el oficialismo para justificar una eximición parcial destinada a comerciantes afectados por la intervención urbana.
El proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo proponía eximir en un 50% el pago de la Tasa por Servicio de Inspección General e Higiene correspondiente a abril de 2026 para contribuyentes ubicados sobre Avenida Libertador, entre Intendente Lorens y Lorusso, vereda impar.
Sin embargo, el beneficio no iba a otorgarse automáticamente. El texto enviado al Concejo establecía que la eximición debía tramitarse “previa solicitud del interesado”, lo que rápidamente generó cuestionamientos desde la oposición.
El expediente originalmente buscaba ser aprobado directamente sobre tablas. Pero el debate político terminó frenando el tratamiento exprés y derivó el proyecto a comisión.
Durante la discusión, la concejal Lucía Allende cuestionó con dureza tanto el contenido del proyecto como la situación general de la obra.
“Es una obra que tenía un plazo inicial de nueve meses y ya lleva más de tres años.”
La edil también apuntó contra la reiteración de intervenciones sobre la misma arteria y el impacto comercial acumulado.
“Hay cuadras de esta avenida que ya han sido intervenidas más de tres veces.”
Pero el momento de mayor tensión apareció cuando Allende cuestionó la necesidad de que los comerciantes deban iniciar un trámite individual para acceder al beneficio.
“Parece que tienen que venir a rogar al municipio un descuento por una obra y demora de este mismo municipio.”
La frase rápidamente sintetizó el eje político del debate: el Estado reconoce oficialmente que la obra perjudica la actividad comercial, pero aun así obliga a cada comerciante a gestionar individualmente el alivio.
Desde el oficialismo, la concejal Consuelo Olsina defendió el proyecto argumentando que la situación actual no equivale a un cierre total de la avenida.
“Es un corte parcial de la calzada, no un corte del cien de la calle.”
La explicación dejó expuesta la lógica utilizada para justificar la eximición parcial del 50%, vinculando el nivel de ayuda al porcentaje físico de afectación sobre la circulación vehicular.
El razonamiento abrió nuevos cuestionamientos opositores: mientras el municipio mide el impacto según el nivel de ocupación de la calzada, comerciantes aseguran atravesar desde hace años una caída sostenida de circulación, complicaciones operativas y pérdida de actividad económica.
El concejal Ricardo González también intervino durante el debate y cuestionó el criterio utilizado.
“El cien por cien de las tasas no es todo el perjuicio que ocasiona no poder trabajar en forma normal.”
La obra sobre Avenida Libertador se convirtió desde hace tiempo en uno de los proyectos más sensibles de la ciudad. Originalmente presentada como una intervención estratégica para modernizar una de las principales arterias urbanas y comerciales de Alta Gracia, el avance fragmentado de los trabajos, las reiteradas intervenciones y la extensión de los plazos fueron acumulando críticas vecinales y comerciales.
Ahora, el conflicto sumó un nuevo capítulo político: la discusión sobre cómo el Estado decide compensar —o administrar— las consecuencias de una obra que el propio municipio admite que afecta la actividad privada.
El proyecto continuará su tratamiento en comisión.