En una entrevista radial, Pablo Ortiz aseguró que en septiembre dejará su licencia para volver al Concejo Deliberante, ratificó su alineamiento con el oficialismo y anunció acciones legales por versiones sobre un supuesto operativo antidrogas. En la misma jornada, trascendió que fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y delitos contra la propiedad.
El lunes 14 de septiembre dejó dos noticias de fuerte impacto alrededor de Pablo Marcos Ortiz: una política y otra judicial.
En una entrevista concedida a Radio Vibra, el vicepresidente de Cormecor y concejal de Alta Gracia en uso de licencia afirmó que su regreso al Concejo Deliberante es “inminente”. Ortiz aseguró que viene dialogando con Facundo Torres y Marcos Torres y descartó la posibilidad de conformar un bloque unipersonal.
“En el mes de septiembre vamos a terminar de resolver… es inminente la vuelta de Pablo Ortiz”, afirmó durante la entrevista.
Consultado sobre cómo sería su regreso, fue explícito: “No, bajo ningún punto de vista. Yo vengo dialogando mucho con Marcos, con Facundo, para acompañar a la gestión y desde mi banca poder aportar ideas”.
El dirigente presentó así su eventual vuelta no como un movimiento independiente, sino como una reincorporación al esquema oficialista. También explicó que pretende dejar su función en Córdoba para “acompañar la gestión de gobierno” en Alta Gracia y habló de una agenda centrada en servicios públicos, situación económica, salarios municipales y seguridad.
“A la gente le interesa que le cambiemos la bombita, que le recojamos la basura, que el agua funcione bien”, sostuvo al describir las prioridades que, a su entender, debería atender el gobierno local.
La pelea por las versiones sobre su taller
La entrevista también estuvo atravesada por su enfrentamiento con publicaciones que lo vincularon con un supuesto operativo policial por drogas en su taller.
Ortiz volvió a negar esa versión, anunció que recurrirá a la Justicia y sostuvo: “Hay cosas con las que no se jode. No se jode con la familia, no se jode con los hijos, no se jode con las mentiras”.
Ese punto debe mantenerse separado de la causa judicial que tomó estado público este lunes. La imputación conocida ahora no confirma por sí misma la existencia de ningún allanamiento u operativo antinarcóticos en Donatello Taller de Carrocería.
El viernes anterior, Ortiz ya había difundido un comunicado en el que calificó esas versiones como una “operación política” y una “campaña de difamación y persecución”, al tiempo que anticipaba que analizaba terminar su licencia para regresar al Concejo.
El mismo día, un cambio judicial
En la misma jornada de este lunes, a las 16:28, El Doce publicó que Ortiz había sido imputado en actuaciones que tramita la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello.
Según informó ese medio, la imputación por abuso sexual con acceso carnal fue confirmada por Daniela Ferrari, abogada de la expareja de Ortiz y denunciante. El Doce señaló además que la resolución judicial del 14 de septiembre alcanza a Ortiz y a Julieta Balchori por delitos contra la propiedad.
De acuerdo con el decreto judicial citado por El Doce, Ortiz y Balchori fueron imputados como presuntos coautores de hurto simple y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en grado de tentativa, en concurso real. En otro hecho, Ortiz fue imputado por hurto simple y Balchori por encubrimiento.
La Fiscalía dispuso además para Ortiz una prohibición de acercamiento, comunicación y cualquier tipo de contacto con su expareja, de manera directa o a través de terceros. También fue citado a declarar como imputado el 18 de noviembre.
De investigado a imputado
La situación procesal cambió respecto de lo que se conocía semanas atrás.
Hasta entonces existía una investigación en curso y documentación judicial que daba cuenta de hechos provisoriamente encuadrados, pero no se había comunicado una imputación formal. La resolución conocida este lunes modifica ese escenario.
Una imputación no equivale a una condena ni determina responsabilidad penal. Ortiz mantiene plenamente sus garantías constitucionales y rige el principio de inocencia. La determinación de los hechos y de eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a la Justicia.
Una licencia que comenzó mucho antes
La novedad judicial adquiere especial relevancia política porque llega cuando Ortiz acaba de ratificar públicamente que quiere regresar al Concejo.
El dirigente está de licencia desde el 3 de abril de 2024. En aquel momento, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad su pedido para dejar temporalmente la banca y asumir la Vicepresidencia de Cormecor.
Es importante remarcarlo: esa licencia es anterior a la investigación judicial iniciada en 2026 y no se originó en esta causa.
Antes de apartarse, Ortiz presidía el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba. Tras su licencia, Alma Mondaini ingresó al Concejo en su reemplazo.
Si Ortiz efectivamente termina su licencia, Mondaini debería dejar esa banca.
“No haría un unipersonal”
La entrevista de este lunes permite además conocer con mayor precisión cuál es el proyecto político que Ortiz plantea para su regreso.
No sólo habló de volver. Dijo que lo hará dentro del oficialismo y mencionó expresamente sus conversaciones con Marcos y Facundo Torres.
También sostuvo que está “enterísimo” y “con muchas ganas de volver”, y vinculó su eventual retorno con la necesidad de dar respuestas a problemas cotidianos de los vecinos.
La escena política que describió durante la entrevista era, entonces, bastante concreta: regreso durante septiembre, incorporación al bloque oficialista y participación activa en la gestión local.
Horas después, ese proyecto quedó atravesado por una novedad judicial de mayor gravedad: Ortiz pasó formalmente a estar imputado y deberá presentarse a declarar en noviembre.
Hasta el cierre de esta nota no se conocía una nueva declaración pública de Ortiz posterior a la difusión de la imputación.
Hay además una cautela necesaria: con las fuentes disponibles no puede afirmarse qué conocimiento tenía Ortiz sobre la resolución judicial al momento de brindar la entrevista radial. La entrevista y la difusión pública de la imputación ocurrieron el mismo día, pero atribuirle conocimiento previo requeriría una prueba que hoy no está disponible.
Lo que sí cambió objetivamente es el escenario.
Ortiz pasó de ratificar públicamente un regreso “inminente” al Concejo a quedar formalmente imputado en una investigación por abuso sexual con acceso carnal y delitos contra la propiedad.
La pregunta política queda ahora abierta: si mantendrá su decisión de volver a la banca y cuál será la posición del oficialismo de Alta Gracia frente a esta nueva situación procesal.