La madrugada del 7 de octubre de 2025, la Policía de Córdoba concretó el desalojo de 11 familias gitanas —más de 100 personas— que desde 2006 ocupaban un predio de 11 hectáreas en Barrio Yofre Norte, tras un extenso litigio judicial.
La novedad no fue solo el operativo, que se realizó sin incidentes y bajo supervisión judicial, sino el destino de las familias: Alta Gracia, donde el gobierno provincial coordinó su reubicación con el municipio local.
El Ministerio de Desarrollo Social informó que las familias recibirían asistencia habitacional y acompañamiento, aunque hasta ahora no se especificó la ubicación, las condiciones de vivienda ni la duración del alojamiento. Las preguntas se multiplican:
¿Dónde se alojarán más de cien personas?
¿Existen planes concretos de integración o solo soluciones transitorias?
¿Quién garantiza los servicios básicos y la seguridad en su nuevo entorno?
El silencio oficial contrasta con la narrativa sostenida por el intendente Marcos Torres, quien en actos recientes defendió la idea de una “ciudad que crece de manera ordenada, planificada y sostenible”.
Sin embargo, la llegada repentina de familias desplazadas y la simultánea denuncia penal por ocupación ilegal y desmonte en la Reserva Natural Canteras del Cerro revelan una realidad más compleja: la expansión urbana no siempre responde a un plan, sino a emergencias sociales que se trasladan sin resolver sus causas.
El 2 de octubre, apenas cinco días antes del operativo, el Asesor Letrado municipal Daniel Villar denunció ante la Fiscalía una ocupación y desmonte ilegal dentro del predio fiscal de 117 hectáreas, con conexiones eléctricas clandestinas, riesgo de incendios y daño ambiental.
Mientras el municipio pedía la intervención de la Justicia para frenar esa toma, el mismo Estado —a través de la Provincia— trasladaba nuevas familias a la ciudad, sin explicitar cómo ni dónde.
Esta simultaneidad expone una contradicción estructural entre el discurso de planificación y la improvisación territorial.
¿Cómo puede hablarse de crecimiento “ordenado” cuando el propio municipio desconoce cuántas familias llegan, dónde se asentarán o bajo qué criterios se asignan tierras?
¿Y qué significa “planificación” si la ciudad recibe población desplazada en medio de un conflicto ambiental abierto?
La llegada de las familias gitanas a Alta Gracia no es, en sí misma, el problema: lo es la falta de transparencia sobre su inserción y el contexto en que se produce. La situación deja al descubierto la fragilidad de las políticas interjurisdiccionales y la ausencia de un esquema integral de gestión del territorio, donde las urgencias sociales terminan resolviéndose a fuerza de parches.
Mientras tanto, en los despachos municipales se insiste en el relato del orden y la previsibilidad. Pero en los márgenes —en las reservas naturales, los lotes fiscales y los barrios periféricos— la realidad se impone como una versión mucho menos planificada del desarrollo urbano.