Pese al anuncio de un acuerdo “histórico” con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el convenio firmado por Marcos Torres para la recuperación de la Colonia Santa Fe aún no fue remitido al Concejo Deliberante. La oposición reclama transparencia y advierte: las obras podrían financiarse con fondos de los vecinos en un predio que pertenece a otra provincia.
La Colonia Santa Fe volvió al centro del debate político en Alta Gracia. Lo que se presentó hace apenas días como un “hecho histórico” —un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Provincia de Santa Fe para recuperar el emblemático predio—, hoy enfrenta serios cuestionamientos institucionales, financieros y políticos.
El concejal Ricardo González, del bloque Juntos por Alta Gracia, presentó un proyecto de resolución instando al Departamento Ejecutivo a elevar el convenio al Concejo Deliberante para su ratificación o rechazo, tal como exige la Carta Orgánica Municipal en sus artículos 101 inciso 9 y 79 inciso 23.
En la sesión del 8 de octubre, González lanzó una frase que marcó la temperatura política del recinto:
“¿Tendrá las agallas el intendente Marcos Torres de elevar el convenio a este Concejo Deliberante, para ser refrendado? ¿O simplemente quedará como un anuncio de campaña electoral de ‘Provincias Unidas’?”
El convenio, firmado el 24 de septiembre de 2025 en la Casa de Gobierno de Santa Fe, fue presentado con pompa institucional. Participaron Pullaro, Schiaretti y Hugo Testa, y el Municipio difundió el acto como un “sueño cumplido” tras años de gestiones. Pero detrás del discurso de unidad federal, no hay respaldo jurídico concreto: el acuerdo nunca fue ingresado oficialmente al Concejo, por lo que carece de validez legal plena.
La gacetilla municipal del 29 de septiembre detalla que la Municipalidad de Alta Gracia financiará y ejecutará las obras, con apoyo del Gobierno de Córdoba, mientras la Provincia de Santa Fe cederá el predio en comodato. Sin embargo, el convenio no precisa montos, plazos ni mecanismos de contratación, lo que lo convierte en una carta de intención política más que en un instrumento operativo.
Desde la oposición, la lectura es clara: los recursos públicos de Alta Gracia —y eventualmente de Córdoba— se volcarían a obras sobre un bien que no pertenece a la ciudad ni a la provincia, sino a Santa Fe. Es decir, dinero local para infraestructura ajena.
A esto se suma una especulación que circula en ámbitos políticos y vecinales: ¿no será que la puesta en valor de la Colonia busca, además, revalorizar el área circundante, donde existe un viejo proyecto inmobiliario que data de 2019?
Aunque no hay documentación que lo vincule directamente, el antecedente alimenta la sospecha de que el convenio podría funcionar como una pieza de desarrollo territorial encubierto.
El análisis técnico del convenio refuerza las dudas:
No fue ratificado por el Concejo, incumpliendo los artículos 101 y 79 de la Carta Orgánica.
No establece presupuestos ni fuentes de financiamiento, dejando al municipio vulnerable a absorber los costos.
Cede la ejecución y mantenimiento a Alta Gracia sobre un bien que sigue siendo propiedad de Santa Fe.
En caso de conflicto o rescisión, las mejoras quedarían para Santa Fe sin compensación alguna.
Para los concejales opositores, esto significa una cesión implícita de recursos municipales sin control legislativo ni garantías patrimoniales.
Para el Ejecutivo, en cambio, el anuncio es una muestra de “gestión y cooperación federal”.
Pero en los hechos, el convenio reproduce un patrón de manejo de la obra pública ya observado: anuncios mediáticos, contratación directa y ausencia de debate institucional.
Tal como Suban El Volumen reveló en su investigación “¿Quién se queda con la obra pública en Alta Gracia?”, los principales proyectos municipales fueron adjudicados a un pequeño círculo de empresas vinculadas a la gestión.
En ese contexto, la Colonia Santa Fe aparece como un nuevo escenario donde se cruzan el marketing político, la falta de transparencia y la sombra del negocio inmobiliario.
Un predio con valor patrimonial incalculable podría terminar sirviendo más a los intereses de la campaña que a los de la ciudad.
El desafío, como planteó González en el recinto, sigue vigente:
¿Tendrá el intendente las “agallas” de enviar el convenio al Concejo, o la Colonia Santa Fe seguirá siendo otro fantasma de la gestión?