Mientras Alta Gracia enfrenta cuestionamientos por el gasto en Happy Birra 2025, la Legislatura impulsa un proyecto que institucionaliza el modelo de festivales. El legislador Facundo Torres Lima —hermano del intendente Marcos Torres— es uno de los autores de la iniciativa.
Todo ocurrió casi en simultáneo.
Mientras en Alta Gracia se discutía el gasto de más de $72 millones en cachets musicales para Happy Birra 2025, en la Legislatura de Córdoba ingresaba un proyecto que busca convertir la promoción de festivales y la “industria creativa” en una política de Estado permanente.
La propuesta, presentada el 11 de noviembre de 2025, es impulsada por los legisladores Facundo Torres Lima, Nadia Fernández, Miguel Siciliano y Rodrigo Rufeil, con respaldo del Córdoba Welcome Cluster. Torres Lima, exintendente de Alta Gracia y hermano del actual intendente Marcos Torres, aparece nuevamente conectado a las políticas culturales que hoy marcan el pulso económico y político de la ciudad.
El texto del proyecto declara de interés provincial a la Industria de Eventos y de la Industria Creativa, y crea una estructura completa: registro obligatorio, programas de incentivos, beneficios fiscales, subsidios, líneas de financiamiento, capacitaciones y un Consejo Consultivo con participación del sector público y privado.
Los objetivos formales apuntan a generar “empleo formal y de calidad”, impulsar la economía de “triple impacto” y posicionar a Córdoba como polo creativo. Pero el proyecto no incorpora mecanismos de transparencia ni parámetros claros para medir el impacto económico real de los festivales, un punto crítico para ciudades que ya destinan fondos significativos a estos eventos.
Alta Gracia es un caso testigo.
El mismo día en que se conocieron los decretos que autorizan pagos anticipados a Turf ($43.136.000), La Mancha de Rolando ($15.709.000) y Ella es tan Cargosa ($13.289.000), seguía vigente la carta enviada por el intendente Marcos Torres al ministro Luis “Toto” Caputo describiendo “hambre, pobreza y jubilados sin remedios”.
El contraste se volvió inevitable.
En paralelo, el periodista y abogado Federico Bossi denunció que su columna en Radio Bar 96.9 fue condicionada tras hablar del gasto del festival.
“No se me prohibió ir: se me indicó que no podía hablar de este tema. Eso rompe mi pacto profesional”, sostuvo. La situación reabrió el debate sobre la libertad de expresión y la relación entre medios y pauta oficial.
El tema llegó también al Concejo Deliberante.
El opositor Ricardo González pidió revisar las prácticas de comunicación oficial y reclamó una “pauta transparente” para evitar que el Estado termine “monopolizando la palabra”.
Mientras tanto, el municipio celebró en su gacetilla un supuesto impacto económico de $16 mil millones generado por los festivales locales. Sin embargo, no existen herramientas oficiales ni métricas públicas que permitan verificar ese número.
La ley provincial en debate podría convertir ese modelo —gasto cultural sostenido, contrataciones directas, aportes público-privados— en un esquema permanente.
El interrogante queda abierto:
¿Puede la cultura ser motor de desarrollo sin mecanismos de control claros?
¿O corre el riesgo de transformarse en una estructura paralela donde el gasto público y el relato político viajan en piloto automático?