El gobernador de Córdoba anunció una reducción del 30% en las agencias provinciales y la transformación de varias en entes autárquicos. Pero detrás del discurso de austeridad, el organigrama apenas se reacomoda: las funciones, los cargos y los presupuestos permanecen intactos. Una cirugía estética del Estado que busca modernizar la imagen sin tocar su estructura.
La palabra “reducción” suena bien en los titulares, sobre todo en tiempos de recesión, déficit y desconfianza política. Y Martín Llaryora lo sabe. El decreto firmado el 29 de octubre de 2025 fue presentado como una señal de racionalización del Estado: una poda del 30% en el número de agencias provinciales. Pero la medida, más que un recorte, es una reconfiguración institucional que conserva el mismo aparato bajo nuevas etiquetas jurídicas.
Al día de hoy, el gobierno de Córdoba mantiene 14 ministerios, y la supuesta “reducción” se aplica solo a las agencias descentralizadas. El número baja de 10 a 7, pero al examinar cada caso, la magnitud real del cambio se diluye.
Cuatro agencias —Córdoba Deportes, Cultura, Turismo y ACIF— fueron convertidas en entes autárquicos. Esto significa que no desaparecen ni se fusionan, sino que cambian de figura legal para gozar de mayor autonomía financiera y administrativa. En otras palabras, podrán ejecutar gastos, firmar convenios y manejar recursos con menos intervención del Ejecutivo central.
Tres agencias más —ProCórdoba, Innovar y Emprender, y la Agencia para la Competitividad de Córdoba— fueron fusionadas en un nuevo organismo llamado Ente ProCórdoba, dependiente del Ministerio de Economía y Gestión Pública. El objetivo oficial es “optimizar recursos y potenciar la promoción económica y la innovación”, aunque en los hechos se trata de una unificación operativa, no de un recorte presupuestario.
Dos agencias continúan sin cambios: Córdoba Joven, bajo Desarrollo Social, y Agro Córdoba, bajo Bio Agroindustria. Y una —Conectividad Córdoba— ya había sido disuelta en abril de 2025, como parte de un proceso previo de achicamiento.
La reforma se apoya en la Ley N.º 11.015, sancionada en diciembre de 2024, que habilita al Ejecutivo provincial a transformar sociedades del Estado, fusionar organismos y redefinir estructuras administrativas para mejorar la eficiencia pública. Aunque la norma fue presentada como una herramienta de “modernización”, sus artículos más citados (33 y 34) son los que facultan al Ejecutivo a cambiar la figura jurídica de empresas estatales, no a reducir personal ni eliminar organismos. De hecho, la propia ley garantiza la continuidad laboral y presupuestaria durante los procesos de transformación.
El impacto económico real de esta medida es, por ahora, marginal. El personal fue reubicado en los nuevos entes sin despidos, los bienes y contratos se mantuvieron y los presupuestos se trasladaron casi íntegros. No hay informes públicos que indiquen reducción de gastos o achicamiento de planta política. El único ahorro visible proviene de la eliminación de algunos directorios redundantes.
En términos fiscales, el cambio es neutro. En términos simbólicos, potente. Y en términos comunicacionales, impecable: permite a Llaryora decir que “achicó el Estado” sin sufrir el costo político de un ajuste real.
La decisión llega en un contexto de tensión con el gobierno nacional. Javier Milei exige a las provincias “achicar el gasto”, y Córdoba busca preservar su imagen de provincia ordenada. Llaryora necesitaba enviar una señal: Córdoba también recorta, aunque sea en los papeles.
Puertas adentro, el movimiento refuerza la figura del ministro de Economía, Guillermo Acosta, quien ahora controla buena parte de los entes autárquicos. Turismo, inversión, innovación y financiamiento quedan bajo su órbita. Es decir, menos agencias, pero más poder concentrado.
La conversión de agencias en entes autárquicos promete agilidad administrativa, aunque también genera preocupación por los controles. Históricamente, los entes autárquicos en Córdoba manejaron fondos con escasa fiscalización. La multiplicación de este modelo podría amplificar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
En definitiva, la medida no achica el Estado, lo reordena. Se eliminan nombres, no funciones; se redibujan organigramas, no presupuestos. El resultado es un Estado igual de grande, pero con una fachada de eficiencia.
“Achicamos el Estado sin perder capacidad de acción”, dijo el gobernador. Pero lo cierto es que el Estado cordobés no se achicó: se maquilló.
Una operación estética que reordena la superficie y conserva el fondo, mientras los decretos se multiplican y las viejas estructuras —ahora con nombres nuevos— siguen operando bajo la misma lógica.