¿Morir para ahorrar? La polémica tras la legalización del suicidio asistido y sus implicancias fiscales en el Reino Unido
Con la reciente aprobación del proyecto de ley de suicidio asistido en el Reino Unido, surgen preocupaciones sobre cómo las políticas fiscales podrían influir en decisiones tan delicadas. Terminales podrían enfrentar la dura elección entre vivir unos días más o salvar a sus familias de impuestos significativos.
¿Hasta dónde puede llegar el pragmatismo fiscal?
La reciente legalización del suicidio asistido en el Reino Unido ha encendido un intenso debate no solo ético, sino también fiscal. En este nuevo marco, personas terminales cercanas a cumplir 75 años podrían sentirse presionadas a terminar sus vidas antes de esa edad para evitar que sus familias paguen altos impuestos sobre las pensiones heredadas.
Según la legislación vigente, si una persona fallece antes de los 75 años, los fondos acumulados en su pensión pueden transferirse a los herederos sin pagar impuestos sobre la renta. Sin embargo, después de esa edad, los beneficiarios podrían enfrentar un pago de hasta 45% en impuestos sobre la renta, dependiendo del monto heredado.
Por ejemplo, heredar una pensión de 500.000 libras esterlinas después de los 75 años podría resultar en un impuesto de 225.000 libras. Si el fallecimiento ocurre antes, ese monto sería cero.
¿Un incentivo perverso?
Expertos como Andrew Tully, especialista de Nucleus Financial, han señalado que estas disposiciones crean una “situación al borde del abismo”. Esto podría añadir una presión emocional y financiera adicional a quienes ya enfrentan una enfermedad terminal.
“Para una persona terminal, tomar decisiones en función de las implicancias fiscales es desgarrador y genera una complejidad innecesaria en un momento ya extremadamente difícil”, explicó Tully.
Por su parte, Mike Ambery, de Standard Life, advirtió: “El sistema debe garantizar que las consideraciones financieras no influyan en una decisión tan profundamente personal como esta”.
El futuro: impuestos aún más altos
Las complicaciones no terminan ahí. A partir de abril de 2027, las pensiones heredadas se incluirán en el cálculo del impuesto a la herencia, según lo anunciado por la canciller Rachel Reeves. Esto podría llevar a tasas efectivas combinadas de hasta 91% en algunos casos, exacerbando aún más la carga fiscal sobre los familiares sobrevivientes.
Por otro lado, surgen críticas aún más radicales tras rumores sobre propuestas para ofrecer «bonos en efectivo» a familias que ayuden a implementar estas medidas. Aunque estas ideas no han sido confirmadas, alimentan la percepción de que las políticas priorizan reducir la carga fiscal del sistema de pensiones en lugar de proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos.
¿Decisiones económicas o humanas?
El Reino Unido enfrenta un desafío monumental: equilibrar las políticas públicas con la ética y el bienestar social. Si bien es crucial abordar la creciente presión sobre el sistema de pensiones, los críticos exigen medidas que no pongan a los ciudadanos en dilemas inhumanos.
¿Dónde queda el límite entre la eficiencia fiscal y los derechos humanos?