La Nación frenó la reapertura de la calle Nieto. El rechazo de la Comisión Nacional de Monumentos expone una gestión que avanzó sin las autorizaciones necesarias y sin coordinación con organismos de patrimonio.
La decisión de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos no sólo frena una obra: desnuda una falta de prudencia política y técnica del oficialismo. Lo que comenzó como un reclamo vecinal y comercial en junio de 2024, terminó transformado en una ordenanza apresurada, aprobada por el Concejo Deliberante el 19 de septiembre de 2025, sin la autorización definitiva de Nación, y con anuncios públicos del inicio de obras que ahora quedan paralizadas.
El documento NO-2025-112247656-APN-CNMLYBH#SC es contundente: la apertura vehicular en la cuadra aledaña a la Iglesia de la Merced y al antiguo Obraje está prohibida, por tratarse de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En su lugar, la Comisión recomienda ajardinar y nivelar los solados, medidas compatibles con la protección histórica, no con una calle reabierta al paso de vehículos.
¿En qué habrán estado pensando los responsables municipales? ¿En una “obra pública” con fines de marketing o en la gestión técnica que exige dialogar con los organismos nacionales antes de intervenir zonas patrimoniales? El episodio muestra, como mínimo, negligencia política: anuncios prematuros, falta de consulta y una votación fuera de marco legal.
El golpe no es sólo simbólico: es político y administrativo. El oficialismo había presentado la medida como solución al tránsito en Arzobispo Castellanos y una manera de “dar vida” a la primera cuadra de calle España. Sin embargo, la pretensión de priorizar la circulación sobre la conservación agrava el conflicto: las vibraciones de los vehículos y el incremento del tránsito podrían dañar estructuras centenarias que forman parte del patrimonio de todos.
La oposición tenía razón en pedir más tiempo y estudios. Las advertencias de Lucía Allende (UCR) y Ricardo González (PRO) fueron desoídas, y la respuesta de Nación termina validando esos cuestionamientos. Esto no sólo obliga a replantear el proyecto en términos técnicos, sino que deja una factura política evidente para quienes impulsaron y defendieron la iniciativa.
Ahora el municipio debe dejar de buscar atajos y diseñar alternativas serias. Las soluciones propuestas por la Comisión —ajardinamiento, peatonalización y nivelación— son las únicas compatibles con una ciudad que busca desarrollarse sin destruir su historia. El paso obligado es admitir el error, detener cualquier ejecución pendiente y abrir un diálogo real con los organismos de patrimonio, vecinos y comerciantes.
Conclusión: este caso debe ser una lección de gestión pública. La “obra pública” no es sinónimo de responsabilidad, y cuando se trata del patrimonio, la prudencia no es una opción, sino una obligación. El atropello del oficialismo terminó en un portazo desde Nación. Que sirva para repensar prioridades.
