Dos notas formales ingresaron al Concejo en 2024: una alertaba sobre la marca Happy Birra y otra pedía acceso digital a la legislación municipal. Tras un año, no hubo ni una sola respuesta.
El 15 de octubre y el 19 de noviembre de 2024 llegaron al Honorable Concejo Deliberante de Alta Gracia dos pedidos formales. Fueron elevadas por el vecino Gustavo Bergesio, quien además dirige este medio. Por transparencia editorial, corresponde aclararlo antes de avanzar: la información de esta nota se basa exclusivamente en documentos, fechas verificables y el estado institucional actual. El foco, como debe ser, está en la conducta del Concejo.
Los pedidos buscaban objetivos distintos, pero conectados por una misma idea: mejorar el acceso ciudadano a lo público y evitar que el patrimonio cultural de la ciudad vuelva a quedar en manos privadas. Ninguno fue respondido en más de un año.
El primero advertía sobre un riesgo conocido. Happy Birra, festival organizado con recursos del municipio, difusión oficial y logística estatal, no tiene su marca registrada por la Municipalidad. El antecedente es inevitable: el caso Peperina. En 2016, la Ordenanza N.º 10140 declaró aquel festival como fiesta permanente y facultó al Ejecutivo a registrar la marca como propiedad pública. Eso nunca ocurrió. La marca terminó inscripta por un privado: el mismo que hoy organiza Happy Birra por decreto.
Esa privatización impidió durante años que el municipio pudiera usar libremente la marca, condicionando programación, difusión y producción.
La advertencia era clara: la historia puede repetirse, consolidando identidades culturales financiadas por el Estado pero controladas por particulares.
El Concejo no respondió.
El segundo pedido era aún más elemental: habilitar acceso digital, ordenado y actualizado a la legislación vigente de Alta Gracia para desarrollar un asistente virtual ciudadano basado en inteligencia artificial, capaz de explicar las normas en lenguaje claro. No requería presupuesto, ni licitaciones, ni favores. Solo acceso público a la normativa.
Algo que, además, la legislación nacional respalda.
Responder pedidos formales no es un gesto de buena voluntad: es una obligación mínima del funcionamiento republicano.
Pero tampoco hubo respuesta.
Ni una nota.
Ni un acuse de recibo.
Ni siquiera un “lo estamos analizando”.
Durante estos doce meses, los festivales continuaron por decreto, las marcas siguieron sin registrarse como bienes públicos y las ordenanzas permanecieron inaccesibles para cualquier vecino que quisiera informarse. Mientras tanto, el Concejo Deliberante —órgano central para garantizar la transparencia— eligió no contestar.
El 17 de noviembre de 2025, ya cumplido un año de silencio, el vecino solicitante tomó la palabra en el recinto. Su intervención volvió explícito lo que la falta de respuesta ya insinuaba: cuando una institución decide no responder un pedido ciudadano elemental, está enviando un mensaje político, no administrativo.
¿Qué Concejo Deliberante necesita Alta Gracia?
¿Uno que acompañe discursos sobre participación y modernización, o uno que efectivamente responda cuando un ciudadano presenta un pedido legítimo y bien fundamentado?
Un año de silencio dice más que cualquier declaración pública.
Y lo que dice no deja bien parada a la institución que debería ser la más abierta, accesible y transparente de la ciudad.
La transparencia no es un eslogan; es un derecho.