Investigan a un concejal en uso de licencia por lesiones, coacción y abuso sexual con acceso carnal

Nuevas actuaciones judiciales permiten conocer con mayor precisión el alcance de la investigación por violencia de género que involucra a un concejal de Alta Gracia actualmente en uso de licencia.

Una resolución del 2 de julio de 2026 dispuso convocar al denunciado al proceso por hechos subsumidos provisoriamente como:

• Dos lesiones leves doblemente calificadas
• Coacción
• Abuso sexual con acceso carnal

La actuación refiere esos hechos al investigado “en calidad de autor”, dentro del marco procesal correspondiente.

Ese encuadre no equivale a una condena ni implica que los hechos hayan sido judicialmente acreditados. La determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a la Justicia y rige plenamente el principio de inocencia.

Lo que ahora revelan las actuaciones

La causa había tomado estado público en junio, cuando medios locales informaron sobre una denuncia presentada por la expareja de un concejal en uso de licencia.

En aquellas primeras publicaciones se hablaba de presuntos episodios de violencia física, psicológica y económica.

Las actuaciones conocidas ahora muestran una dimensión más amplia y permiten precisar qué conductas concretas están siendo investigadas y bajo qué figuras penales fueron encuadradas provisoriamente.

La diferencia es sustancial:

Una cosa es saber que existe una denuncia en contexto de violencia de género. Otra es conocer el alcance que la causa fue adquiriendo dentro del proceso judicial.

Según la denuncia y lo manifestado por la representación de la mujer, la relación habría estado atravesada por una presunta espiral de violencia física, psicológica, económica y sexual, dentro de un vínculo caracterizado por una marcada asimetría de poder.

La presentación atribuye al denunciado episodios de violencia física y un presunto hecho de abuso sexual.

Un conflicto patrimonial y comercial

La causa contiene además otro elemento relevante.

Ambos mantenían un emprendimiento en común y, antes de esta denuncia penal, el concejal había realizado una presentación por violencia familiar contra su expareja.

Según sostiene la representación de la mujer, las medidas adoptadas a partir de aquella presentación habrían restringido:

• Su acceso al comercio compartido
• Su ingreso al domicilio
• El acceso a pertenencias personales

Esos señalamientos deberán ser confrontados con el resto de las pruebas incorporadas a la causa.

La pericia que quedó sin efecto

El 18 de agosto de 2026 se produjo otro movimiento dentro de la investigación.

La Justicia había dispuesto una pericia interdisciplinaria y psicológica sobre el investigado.

Una actuación de esa fecha deja constancia de que el convocado manifestó que haría uso de su derecho constitucional a no prestar colaboración con las pericias dispuestas sobre su persona.

Como consecuencia:

Se dejó sin efecto la solicitud de turno para realizar esas evaluaciones.

El ejercicio de esa garantía constitucional no puede interpretarse como una admisión de culpabilidad ni utilizarse por sí solo para presumir que los hechos ocurrieron.

Pero queda un dato objetivo: una medida pericial que había sido dispuesta sobre el investigado quedó sin efecto luego de que comunicara que no prestaría colaboración para realizarla.

Junio, julio, agosto: cómo avanzó la causa

La secuencia permite observar tres momentos centrales:

Junio de 2026
La denuncia tomó estado público.

2 de julio de 2026
La Justicia precisó provisoriamente el encuadre de los hechos investigados y dispuso convocar al denunciado al proceso.

18 de agosto de 2026
Quedó asentada su decisión de no colaborar con las pericias y las evaluaciones quedaron sin efecto.

Hasta allí, la historia pertenece al terreno judicial.

Pero la condición del investigado abre otra dimensión.

Cuando la causa empieza a mirar hacia la política

El investigado no es una persona ajena a la vida institucional de Alta Gracia.

Se trata de un concejal elegido por los ciudadanos y actualmente en uso de licencia.

Eso no lo vuelve culpable ni traslada responsabilidad alguna a las instituciones o dirigentes que lo rodean.

Pero sí abre una pregunta de interés público:

¿Cuándo tomó conocimiento la política local de la existencia y evolución de esta causa, y qué respuesta institucional hubo después?

Las preguntas son concretas:

• ¿Conocían solamente la denuncia?
• ¿Supieron posteriormente cuál era la gravedad que había adquirido la investigación?
• ¿Hubo algún análisis, pedido de explicaciones o comunicación institucional?

Hasta el momento, Suban El Volumen no cuenta con elementos que permitan establecer qué autoridades políticas conocían la evolución de la causa ni desde cuándo.

La pregunta, entonces, es todavía más directa:

¿Quién sabía qué, desde cuándo y qué hizo después de saberlo?

Dos planos distintos

La Justicia deberá determinar si los hechos denunciados ocurrieron y establecer eventualmente responsabilidades penales.

La política tiene otra discusión:

Cómo responde institucionalmente cuando una investigación de esta gravedad alcanza a uno de sus representantes.

Suban El Volumen mantiene reservada la identidad del dirigente atendiendo al estado actual del proceso, al principio de inocencia y a la necesidad de evitar una exposición indirecta de la denunciante.

La investigación continúa.

Una parte de las respuestas deberá surgir de Tribunales. La otra pertenece al terreno político y todavía sigue abierta.