En el Día de la Lealtad, Marcos Torres reivindicó la solidaridad y la vida en comunidad. En Alta Gracia, donde conviven urbanizaciones cerradas y barrios abiertos, sus palabras invitan a una pregunta menos ceremonial: ¿qué tan integrada está la ciudad que gobierna su espacio político?
El peronismo argentino nació políticamente entre multitudes. Su fecha más emblemática, el 17 de octubre de 1945, quedó asociada a trabajadores que ocuparon el espacio público para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón. Ochenta y un años después, en Alta Gracia, la conmemoración ofreció una postal bastante menos solemne: Marcos Torres, ministro provincial y dirigente justicialista, frente a un micrófono, con buzo Adidas y las manos en los bolsillos.
Las tres tiras son un detalle. La definición de comunidad que acompañó la escena resulta bastante más interesante.
Torres sostuvo que la lealtad no corresponde a una persona, un gabinete ni siquiera a un partido, sino a una manera de concebir la política. Habló de solidaridad, justicia social y compromiso con quienes menos tienen. Y fue categórico al distinguir las convicciones de las realizaciones: «Nosotros no solamente lo proclamamos sino que lo hacemos».
Es una afirmación ambiciosa. También una invitación a comprobarla.
Alta Gracia ofrece un escenario apropiado para esa discusión. Como otras ciudades argentinas, reúne barrios tradicionales, sectores con necesidades de infraestructura y urbanizaciones cerradas. Entre estas últimas se encuentran Alta Gracia Country Golf y El Anglo, desarrollos próximos entre sí, concebidos alrededor de un modelo residencial de acceso restringido.
Los barrios privados no son una rareza argentina. Tampoco constituyen, por definición, una injusticia. Sus habitantes pueden defender perfectamente políticas redistributivas, financiar servicios mediante sus impuestos y participar de la vida pública con tanto compromiso como cualquier otro ciudadano.
Pero su expansión plantea una cuestión que trasciende las preferencias individuales: la creciente separación entre distintas experiencias de una misma ciudad.
Quienes habitan urbanizaciones cerradas pueden disponer de mecanismos privados de seguridad y mantenimiento, mientras otros vecinos dependen más directamente de la infraestructura y los servicios municipales. Eso no demuestra que reciban un trato privilegiado del Estado. Sí revela que la experiencia cotidiana de la comunidad puede ser profundamente diferente según dónde se viva.
Y es precisamente la comunidad lo que Torres colocó en el centro de su discurso.
El ministro también ofreció una definición económica del peronismo cordobés. «Gobernar es generar empleo», afirmó, antes de mencionar infraestructura, incentivos comerciales, créditos y microcréditos como instrumentos para promover oportunidades.
La formulación tiene una virtud: permite examinar la gestión mediante resultados, en lugar de limitarse a discutir identidades políticas.
El empleo se puede medir. Las inversiones pueden identificarse. La infraestructura puede localizarse. Los presupuestos pueden compararse con su ejecución.
La solidaridad, cuando se convierte en política pública, debería dejar alguna huella verificable.
Torres atribuyó parte de las dificultades sociales a las políticas económicas del Gobierno nacional, al que cuestionó por su ajuste sobre los sectores vulnerables. El argumento no carece de fundamento conceptual: las decisiones macroeconómicas condicionan significativamente las posibilidades de los gobiernos subnacionales.
Pero esa dependencia tampoco vuelve irrelevantes las decisiones locales. Los municipios administran recursos, establecen prioridades urbanísticas, prestan servicios y adoptan medidas que influyen sobre la calidad de vida de sus habitantes.
El Gobierno municipal de Alta Gracia anunció para 2026 partidas de $17.100 millones destinadas a servicios públicos y $6.700 millones a obras estratégicas. Son cifras presupuestadas, no resultados ejecutados. Para conocer su impacto habría que observar dónde se invierten esos recursos, qué necesidades atienden y qué sectores continúan esperando soluciones.
La justicia social, después de todo, no es solamente una declaración de principios. También es una cuestión de asignación de recursos.
Hay, además, una particularidad política. Torres dejó la conducción cotidiana del Municipio para incorporarse al Gobierno provincial, mientras Jorge De Nápoli quedó al frente del Ejecutivo local. La continuidad de un mismo espacio político permite examinar las políticas públicas más allá de los cambios de cargos.
El propio Torres sostuvo que durante años el peronismo cordobés no se sintió representado por la conducción nacional de su partido. La lealtad, según esa interpretación, admite desacuerdos con las estructuras partidarias. Es una distinción razonable. Aunque introduce otra pregunta: si la fidelidad corresponde a los principios y no a los dirigentes, ¿con qué criterios se determina que esos principios están siendo cumplidos?
Las conmemoraciones políticas suelen ofrecer respuestas sobre el pasado. Son menos precisas respecto del presente.
El 17 de octubre recuerda una movilización que convirtió a los trabajadores en protagonistas de la política argentina. La Alta Gracia contemporánea presenta desafíos diferentes: integración urbana, empleo, infraestructura y acceso a oportunidades.
No existe contradicción automática entre reivindicar aquella historia y elegir una residencia privada. Sería una simplificación reducir las ideas de un funcionario a su lugar de vivienda, o juzgar sus políticas por su vestimenta.
La cuestión más relevante es si el gobierno que reivindica una comunidad solidaria consigue mejorar las condiciones de quienes dependen de sus decisiones.
Los portones de una urbanización delimitan propiedades. No deberían delimitar las responsabilidades del Estado.
La lealtad puede proclamarse una vez al año. La justicia social, en cambio, tiene que poder observarse todos los días.