En apenas media hora, el Concejo trató la prórroga del Presupuesto 2026 y giró la carta del Centro de Comercio a Hacienda. Un año antes, un vecino había pedido lo mismo: revisar las tasas que asfixian a las PYMES. Nunca fue escuchado.
A las 12:47, con nueve concejales presentes y la ausencia del viceintendente Jorge de Nápoli, la concejal Lara González asumió la presidencia del Concejo Deliberante. En menos de media hora —a las 13:19— se levantó la sesión. El temario parecía breve: una eximición de tasa, una prórroga para el Presupuesto 2026, y una nota del Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras, firmada por su presidenta Laura Gandossini, que advertía sobre la crisis del consumo y la presión impositiva.
El documento, fechado el 8 de octubre de 2025, expone con claridad la preocupación del sector: ventas en caída, pérdida del poder adquisitivo y tasas que asfixian la competitividad local. “Cada persiana que baja es una señal de alarma”, señala la carta, que reclama alivio fiscal, incentivos al empleo formal y coordinación con la Provincia de Córdoba para enfrentar la recesión.
El Concejo decidió remitir la carta al Departamento Ejecutivo y pasarla a la Comisión de Hacienda. También aprobó la solicitud del Ejecutivo para postergar la presentación del Presupuesto General de Gastos y la Ordenanza Tarifaria 2026, dilatando la discusión más sensible del año: cuánto se cobrará y a quién. En reemplazo del secretario legislativo Ismael Feliciani, ausente, Federico Rodríguez ofició durante la sesión.
Pero el debate sobre las tasas no nació allí. En septiembre de 2024, un vecino de Alta Gracia había presentado una nota al Concejo solicitando la revisión integral de la Ordenanza Impositiva Municipal, cuestionando el 10 % que grava el consumo eléctrico y denunciando la falta de contraprestación directa. Citaba además el fallo Esso c/ Municipalidad de Quilmes y la eficiencia energética del programa Córdoba Ilumina.
Aquel escrito —el único reclamo ciudadano individual registrado sobre la cuestión tributaria— nunca obtuvo respuesta ni tratamiento público.
Un año después, el reclamo vuelve con otro sello y mayor peso institucional. La presidenta Laura Gandossini plantea, en nombre de las empresas locales, la misma preocupación: la falta de equidad en las tasas municipales y el riesgo de pérdida de competitividad. Esta vez, el Concejo sí la toma en cuenta: remite la nota al Ejecutivo y la gira a comisión. La diferencia no está en el argumento, sino en la decisión política de actuar o no hacerlo.
Y mientras el Ejecutivo pide tiempo, la Carta Orgánica Municipal es clara: solo el Concejo Deliberante tiene el poder de crear o eliminar tasas, y para hacerlo se requieren dos tercios de sus miembros. Son los concejales —no el intendente— quienes deciden si la presión impositiva se ajusta o se perpetúa.
El intendente puede administrar el gasto, pero no puede mover una tasa sin la voluntad del Concejo.
Por eso la pregunta final no apunta al silencio, sino al coraje institucional:
¿Para quiénes trabajan los concejales, si la ley les da la llave para cambiar lo que todos reclaman, pero eligen no girarla?
La autonomía no se declama: se demuestra cada vez que se vota.