El conflicto entre taxistas, remiseros y plataformas digitales en Alta Gracia refleja una tensión global entre innovación tecnológica y derechos laborales. Un debate que trasciende la movilidad y pone en juego el rol del Estado, la equidad tributaria y el futuro del trabajo en la ciudad.
🗓️ La audiencia que reavivó un viejo conflicto
El miércoles 30 de abril, el Concejo Deliberante de Alta Gracia fue escenario de una audiencia pública tan esperada como intensa. Taxistas y remiseros, con décadas al volante, irrumpieron en el recinto con testimonios crudos, reclamos encendidos y una urgencia que viene acumulándose hace años. La denuncia fue directa: Uber y otras aplicaciones operan sin ningún tipo de control, destruyendo su sustento y desbalanceando un sistema que, con fallas y todo, fue durante décadas la única red confiable para mover personas en la ciudad.
⚖️ Una paradoja visible en la calle
No se trató de un reclamo aislado, sino de la expresión de una crisis sistémica. “Nos controlaban hasta por tener mal puesto el cinturón, pero ahora cualquiera trabaja sin seguro, sin habilitación y sin tributar”, denunció un chofer, en medio de aplausos. La paradoja quedó expuesta: quienes cumplen las reglas están acorralados, mientras los algoritmos operan sin marco legal.
🏛️ Promesas desde el Legislativo, críticas cruzadas
Desde el Concejo, la concejal opositora Lucía Allende expresó su compromiso con el tema, destacando la creación de una mesa permanente de trabajo y la presentación de un nuevo proyecto de ordenanza que contemple la integración de taxis, remises y plataformas digitales. Entre los puntos mencionados, se incluyó la extensión del límite de antigüedad de los vehículos y la implementación de un carné único para choferes. “Necesitamos reglas claras y un Estado presente para evitar que esto termine en una guerra entre trabajadores”, advirtió Allende.
Sin embargo, no faltaron otras voces críticas. El también opositor concejal Ricardo González recordó que ya en 2024 había presentado un proyecto similar, que nunca fue tratado. “Cuando hay voluntad política, las cosas se hacen. Cuando no, duermen”, lanzó.
🌍 El dilema global que también atraviesa Alta Gracia
El conflicto no es exclusivo de Alta Gracia. Desde París a Nueva York, de Santiago de Chile a Sídney, más de 50 ciudades enfrentaron situaciones similares. Algunos Estados regularon con precisión quirúrgica (como Mendoza), otros optaron por prohibiciones temporales (como Delhi), y muchos —como Alta Gracia hasta ahora— quedaron atrapados en la inercia.
Las posiciones suelen polarizarse: la innovación tecnológica, con sus promesas de eficiencia y accesibilidad, frente a los servicios tradicionales, que garantizan empleo formal y seguridad. Pero el verdadero dilema es más profundo:
¿Cómo evitar que la tecnología precarice? ¿Cómo avanzar sin excluir? ¿Cómo equilibrar el progreso con la justicia?
📍 ¿Regulación o inacción? El rol del Estado local
Lo que se discute no es solo movilidad urbana. Es soberanía municipal. La capacidad del Estado local de definir sus propias reglas y proteger el trabajo de su gente. Como lo resumió un trabajador: “La plata se va afuera. El esfuerzo queda acá.”
Regular no es prohibir. Tampoco es dejar hacer. Regular es garantizar un equilibrio justo entre innovación, derechos laborales, seguridad y justicia tributaria.
📜 2010: cuando la pelea por el transporte ya había empezado
Quince años antes, el conflicto ya existía. En abril de 2010, el entonces intendente Mario Bonfigli impulsó un proyecto para establecer una licencia de taxi y remis cada 750 habitantes. En ese momento, había 47 licencias activas por sistema. El cambio implicaba duplicarlas.
El diario Sumario registró aquella vez:
“Nos vamos a morir de hambre entre todos”, advirtió un referente.
La reacción fue inmediata: exigieron audiencias públicas, respeto por las normas y denunciaron el riesgo de sobresaturación. El patrón se repite: proyectos lanzados sin el consenso real de quienes sostienen el sistema.
🔄 Tiempo de decisiones: hacia un contrato social de movilidad
Lo que sigue es difícil, pero inevitable. Actualizar ordenanzas. Integrar sistemas. Exigir tributos. Proteger al usuario. Respetar al trabajador. Y garantizar que las mesas de trabajo no sean solo gestos de contención.
Será necesario ampliar el debate, sumar a usuarios, especialistas, choferes de plataformas y trabajadores formales. Porque la ciudad que se viene necesita un transporte transparente, moderno, inclusivo y justo.
Y eso, no lo va a decidir una aplicación. Lo va a decidir la política.