En una fecha cargada de memoria y reclamo social, el gobierno nacional anunció una serie de medidas que reavivan el debate sobre el pasado reciente de la Argentina. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente de la Nación informó que el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación inmediata de los archivos de la ex SIDE relacionados con la dictadura militar, y que abarcan actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983.
La medida fue acompañada por una fuerte definición política: el Gobierno buscará que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola sea reconocido internacionalmente como un crimen de lesa humanidad. Para ello, se instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina para que lo plantee ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso había sido descartado como crimen de lesa humanidad durante la administración de Alberto Fernández, lo que impedía su reapertura judicial. En cambio, el actual gobierno alcanzó un acuerdo de solución amistosa con la familia Viola y anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.
“Lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE”, afirma el comunicado oficial, marcando una clara intención de romper con el manejo reservado de estos documentos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien encabezó el anuncio mediante un video grabado en la Casa Rosada. Allí también afirmó que durante años los gobiernos utilizaron esa información como “botín político”, y que esta medida cumple con el Decreto 4/2010, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, pero que nunca se implementó completamente.
En paralelo, desde la madrugada del 24, el oficialismo difundió un video protagonizado por Agustín Laje, referente de la “nueva derecha”, en el que se promueve la idea de una “memoria completa”, cuestionando el número de 30 mil desaparecidos y apuntando contra la denominada “teoría del demonio único”.
Las medidas se anunciaron en el mismo día en que organismos de derechos humanos, movimientos sociales y ciudadanos marcharon en Buenos Aires y distintas ciudades del país para reafirmar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.
Así, el gobierno de Milei pone en juego una nueva narrativa oficial sobre los años 70: reivindica la existencia de un conflicto armado interno, visibiliza las víctimas de las organizaciones armadas y busca instalar una revisión integral de los hechos ocurridos antes y durante la última dictadura.
El comunicado concluye con un mensaje que sintetiza su orientación: “Debemos reafirmar nuestro compromiso con la memoria completa, sin omisiones ni distorsiones políticas”.