YPF: aprobaron aumento de sueldo y los directores pasarán a ganar más de $70 millones
La asamblea de accionistas de YPF aprueba un incremento sustancial en los honorarios de los directores, mientras las empresas estatales enfrentan medidas de austeridad. La decisión de YPF de aumentar significativamente los «honorarios» de su directorio genera debate y cuestionamientos sobre la transparencia y la prudencia financiera.
YPF, la empresa estatal de hidrocarburos, ha causado revuelo al aprobar un aumento del 388% en los «honorarios» de su directorio, compuesto por destacadas figuras del gobierno y del ámbito empresarial. Esta decisión ha despertado críticas y dudas sobre la gestión financiera de la compañía, especialmente en un contexto económico marcado por la necesidad de ajustes y austeridad en las empresas estatales.
El directorio de YPF está integrado por personalidades de renombre, incluyendo al jefe de gabinete Nicolás Posse, el ministro de Interior Guillermo Francos y el secretario ejecutivo de Gobierno José Rolandi, entre otros. Aunque desde la empresa aseguran que los funcionarios del gobierno no perciben honorarios por su participación en el directorio, la aprobación de este aumento ha generado controversia.
El aumento de los honorarios del directorio de YPF ha llamado la atención por su magnitud y por superar ampliamente las expectativas inflacionarias para este año. Mientras que la inflación prevista para el año es del 189,4%, el aumento de honorarios representa más del doble de esta cifra, lo que ha despertado interrogantes sobre la justificación de este incremento.
Aunque oficialmente se afirma que los honorarios de los directores no representan un gasto para el Tesoro Nacional y son financiados por la propia empresa, algunos analistas cuestionan la prudencia financiera de esta medida, especialmente en un contexto económico delicado y con la necesidad de optimizar los recursos estatales.
El aumento de los honorarios del directorio de YPF, aunque se presenta como una actualización de «gastos operativos», plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de una de las principales empresas estatales del país. Esta decisión ha puesto de manifiesto la necesidad de un mayor escrutinio y control en la administración de los recursos públicos, especialmente en empresas de vital importancia para la economía nacional.