Pablo Marcos Ortiz volvió al centro de la escena política de Alta Gracia. En un comunicado enviado a medios de comunicación, el concejal oficialista en uso de licencia negó de manera categórica que haya existido un allanamiento, un operativo antinarcóticos o un procedimiento de esa naturaleza vinculado con su persona, su local comercial o Donatello Taller de Carrocería S.R.L.
Ortiz calificó esas versiones como “completamente falsas” y sostuvo que forman parte de una “operación política” y de una “campaña sistemática de difamación y persecución”. Esas expresiones corresponden al descargo del propio dirigente y, como tales, deben ser presentadas como su interpretación de los hechos, no como circunstancias acreditadas de manera independiente.
Pero el comunicado contiene una novedad que trasciende la desmentida: Ortiz anunció que analiza poner fin a su licencia y regresar al Concejo Deliberante durante septiembre.
Para comprender el alcance de esa posibilidad hay que retroceder más de dos años.
Ortiz está de licencia desde el 3 de abril de 2024. Ese día, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad su pedido para apartarse temporalmente de la banca que había obtenido en las elecciones municipales de 2023. La razón de aquella licencia no estuvo vinculada a ninguna causa judicial: dejó el cuerpo legislativo para asumir la Vicepresidencia de Cormecor, la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba.
Hasta ese momento, Ortiz presidía el bloque de Hacemos Unidos por Alta Gracia. Su salida obligó al oficialismo a reorganizar la conducción de la bancada y abrió la puerta al ingreso de Alma Mondaini como reemplazante en el Concejo. Al despedirse del cuerpo, incluso dejó una frase que con el tiempo adquirió otro significado: “seguramente me volverán a tener por acá”.
Desde entonces pasaron más de dos años y cinco meses. Durante ese período, Ortiz continuó ligado a la política provincial desde Cormecor y mantuvo presencia dentro del escenario político local, aunque sin ocupar físicamente su banca.
El contexto cambió durante 2026.
El 23 de junio, Mi Valle informó que la Fiscalía de Alta Gracia investigaba una denuncia por presuntos hechos de violencia de género que involucraba a un “concejal en uso de licencia” y a una “actual autoridad de Cormecor”. La publicación no identificó al denunciado por nombre.
Más adelante, Suban El Volumen accedió a actuaciones judiciales que permitieron precisar el alcance de esa investigación. Una resolución del 2 de julio dispuso convocar al investigado al proceso por hechos provisoriamente encuadrados como dos lesiones leves doblemente calificadas, coacción y abuso sexual con acceso carnal.
El 18 de agosto, este medio informó además que una pericia interdisciplinaria y psicológica que había sido dispuesta quedó sin efecto después de que el convocado comunicara que haría uso de su derecho constitucional a no prestar colaboración con esas evaluaciones.
Nada de eso equivale a una condena. Las figuras mencionadas corresponden al encuadre provisorio dentro de una investigación en curso y rige plenamente el principio de inocencia. La determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a la Justicia.
Hasta aquella publicación, Suban El Volumen decidió mantener reservada la identidad del dirigente atendiendo al estado procesal de la causa, al principio de inocencia y a la necesidad de evitar una exposición indirecta de la denunciante.
El comunicado difundido ahora por Ortiz introduce un elemento nuevo: es el propio concejal quien habla públicamente de la “situación legal y política” en la que se encuentra y reclama que cualquier discusión se resuelva en el ámbito judicial.
En ese marco, Ortiz asegura que siempre permaneció “a derecho”, cuestiona lo que considera un “linchamiento” mediático y rechaza especialmente versiones que lo vinculan con un supuesto allanamiento u operativo antinarcóticos.
Es importante separar ambos planos. La existencia de una investigación judicial conocida públicamente no demuestra que haya ocurrido un allanamiento antinarcóticos. A su vez, la inexistencia de una comunicación pública sobre ese supuesto operativo no permite reconstruir por sí sola la totalidad de las actuaciones judiciales. Por eso, cualquier afirmación sobre un procedimiento de esa naturaleza requiere documentación específica.
El otro punto central es político.
Ortiz no anunció que ya haya regresado. Dijo que se encuentra “analizando el cese” de su licencia para volver a ejercer activamente como concejal “en los próximos días de septiembre”.
La diferencia es relevante: por ahora existe una intención expresada públicamente, no una reincorporación formal.
Si finalmente concreta el regreso, se cerraría una licencia iniciada el 3 de abril de 2024 por su desembarco en Cormecor y se produciría un movimiento significativo dentro del oficialismo de Alta Gracia. Ortiz fue presidente del bloque y su figura mantuvo peso político aun fuera del recinto.
Por eso, el comunicado tiene dos dimensiones. Una judicial y mediática, en la que el dirigente busca desmentir versiones y cuestiona la cobertura de algunos medios. Y otra estrictamente política: después de más de dos años fuera de la banca, Ortiz volvió a poner sobre la mesa su regreso al Concejo Deliberante.