Las tragedias suelen provocar una carrera legislativa. Después de un hecho grave aparecen proyectos, pedidos de informes, promesas de regulación y anuncios de controles. En Alta Gracia, sin embargo, el problema es más incómodo: buena parte de las normas, advertencias y propuestas ya existían antes de la muerte de Owen González.

El niño, de dos años, murió el viernes 4 de septiembre después de ser atacado por un perro pitbull en barrio Villa Oviedo. La Justicia investiga el hecho y deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Pero la dimensión judicial no agota la discusión.

La otra pregunta es política: ¿qué hizo el Estado municipal con las herramientas que ya tenía?

Alta Gracia no estaba frente a un vacío legal. Córdoba cuenta desde 2009 con la Ley Provincial 9.685, que establece un régimen para la circulación y tenencia de perros potencialmente peligrosos.

La ciudad también tiene normativa propia. La Ordenanza 8.549 regula la tenencia y salud animal, exige correa, contempla bozal cuando el carácter agresivo del animal lo justifica, crea un Registro Único de Mascotas y responsabiliza al tenedor por los daños ocasionados.

A eso se suma el Código de Protección Ambiental, Ordenanza 7.942, que incorpora la prevención como principio rector.

La arquitectura normativa existía. El problema parece haber estado en la capacidad de control.

Desde el oficialismo reconocen controles escasos

En diálogo con Suban El Volumen, desde el oficialismo reconocieron que Alta Gracia cuenta con legislación para abordar la problemática.

Pero también admitieron que los controles son escasos.

Reconocieron además que las ordenanzas actuales podrían resultar insuficientes y que existe margen para revisarlas y mejorarlas.

También confirmaron el ingreso al Concejo de iniciativas vecinales y reuniones de trabajo sobre la problemática, incluso con ADMA.

En esa evaluación apareció además una autocrítica: pudo haber existido una devolución más clara hacia quienes acercaron aquellas propuestas respecto de los avances producidos.

Las advertencias venían de antes

Hace más de una década, Diego Ferrari, entonces Director de Ambiente municipal, trabajó en un proyecto que proponía un Registro de Perros Peligrosos, identificación individual, registro de incidentes, condiciones especiales de seguridad domiciliaria, bozal, correa, sanciones y mecanismos de secuestro.

En marzo de 2025, vecinos de barrio Santa Teresa de Jesús realizaron una presentación formal ante áreas del Ejecutivo municipal invocando la Ley 9.685 y reclamando medidas.

No existe relación acreditada entre aquellos animales y el caso de Villa Oviedo. Su relevancia es institucional: demuestra que existían advertencias previas.

En mayo de 2025 el problema llegó formalmente al Concejo.

Y en mayo de 2026 una nueva iniciativa sobre Regulación de Tenencia Responsable de Caninos fue elevada al intendente a cargo Jorge De Nápoli.

Suban El Volumen no pudo reconstruir todavía su recorrido administrativo completo, por lo que no corresponde afirmar que haya sido “cajoneada”.

Doce ataques conocidos y cuatro muertes

Según un relevamiento publicado por El Doce, durante 2026 se conocieron al menos 12 ataques de perros peligrosos en Córdoba. Cuatro fueron fatales y todas las víctimas mortales fueron niños y niñas de cuatro años o menos.

Dos ocurrieron el mismo 4 de septiembre: una niña de dos años en Córdoba capital y Owen González en Alta Gracia.

No es una estadística oficial exhaustiva, pero permite advertir que el problema excede un episodio aislado.

La diferencia entre tener una norma y tener una política

Una ordenanza puede aprobarse y archivarse.

Un registro requiere personal.

Una inspección requiere recursos.

Una denuncia necesita seguimiento.

Una política preventiva necesita capacidad para intervenir antes del daño.

La Ordenanza 8.549 creó hace casi 17 años un Registro Único de Mascotas.

¿Está plenamente implementado? ¿Cuántos animales contiene? ¿Se utiliza para fiscalizar? ¿Cuántos controles realiza el Municipio? ¿Qué ocurre cuando un vecino denuncia un animal peligroso? ¿Qué coordinación existe con la Provincia?

Y, sobre todo:

¿qué respuesta tuvieron las advertencias que llegaron al propio Ejecutivo?

La responsabilidad política no es la responsabilidad penal

No existen elementos para afirmar que mayores controles hubieran evitado concretamente la muerte de Owen.

La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales.

Pero la discusión política es diferente.

Una cosa es establecer quién responde penalmente por una muerte. Otra es evaluar si el Estado utilizó adecuadamente las herramientas preventivas disponibles.

La ciudad tuvo legislación.

Tuvo proyectos.
Tuvo advertencias.

Y desde el propio oficialismo hoy reconocen que los controles son escasos.

Lo que ahora debe explicar el Ejecutivo es qué hizo con todo eso.

Después de una tragedia siempre es sencillo prometer que algo cambiará.

La pregunta verdaderamente incómoda es por qué, cuando ya existían normas y advertencias, los controles seguían siendo escasos antes de que fuera demasiado tarde.