El bloque de la UCR, integrado por Lucía Allende y Martín Barrionuevo, impulsa un pedido para que el Municipio y COSAG documenten cómo se calculan las tarifas, las categorías de usuarios, los recargos y el canon provincial. La iniciativa pone especial atención sobre comercios e industrias.
El Bloque Alta Gracia Cambia (UCR), integrado por los concejales Lucía Allende y Martín Barrionuevo, impulsa un pedido de informe para que el Municipio y COSAG expliquen con documentación cómo se determinan las tarifas de agua potable y cloacas, con especial atención sobre los usuarios comerciales e industriales.
El proyecto reclama al Departamento Ejecutivo Municipal que, en coordinación con COSAG Ltda., informe de manera urgente y documentada cómo se conforman las tarifas aplicadas a usuarios residenciales, comerciales, industriales, estatales y cualquier otra categoría vigente.
La iniciativa aparece pocos días después de que el Concejo Deliberante aprobara por mayoría una nueva actualización tarifaria para el servicio de agua y cloacas. El incremento para agosto es del 28% y se verá reflejado en las facturas que se abonan en septiembre. Además, para septiembre quedó prevista otra actualización compuesta por un 10% sobre la tarifa vigente de julio más la variación del IPC correspondiente a agosto.
El debate tarifario venía desarrollándose desde junio, cuando ingresó al Concejo Deliberante el Expediente N.º 336/26, referido específicamente a la actualización de la tarifa del servicio de agua y cloacas.
El proyecto de Alta Gracia Cambia pone el foco en las diferencias entre categorías de usuarios. Solicita conocer qué parámetros determinan que un inmueble sea considerado residencial, comercial o industrial y si esa clasificación depende de la actividad desarrollada, la superficie del inmueble, su destino, el consumo medido o presunto, la ubicación u otros criterios.
También exige conocer desde cuándo se encuentran vigentes las categorías diferenciales y cuál es la norma, ordenanza, decreto, resolución, contrato o cuadro tarifario que las creó o modificó.
En particular, Allende y Barrionuevo buscan que se identifique cuál es el instrumento legal que habilita a COSAG a aplicar tarifas diferenciales o recargos especiales a usuarios comerciales e industriales.
Otro de los puntos centrales es la composición final de las facturas. El pedido reclama que se discriminen por separado los importes correspondientes al servicio de agua, cloacas, cargos fijos, cargos variables, recargos, adicionales, cánones, tasas, impuestos y cualquier otro concepto incluido en el monto final.
Además, solicita informar si existe algún recargo específico por tratarse de un usuario comercial, industrial o de alguna subcategoría y, de existir, detallar su porcentaje, monto, fórmula de cálculo y fundamento legal.
También pide el detalle de todas las subcategorías comerciales e industriales actualmente existentes y el cuadro tarifario completo correspondiente al esquema que comienza a regir en agosto de 2026.
El canon que COSAG paga a la Provincia por la extracción o utilización del recurso hídrico ocupa otro capítulo central del pedido.
Alta Gracia Cambia solicita conocer cuál es el canon vigente, cuánto abonó la cooperativa mes por mes durante 2024, 2025 y 2026, desde qué fecha se aplica el actual esquema de cálculo y qué porcentaje representa sobre los ingresos tarifarios de COSAG.
Ese componente ya formó parte del debate político por el aumento aprobado el 5 de agosto. Durante la discusión, desde el oficialismo se argumentó que la actualización respondía al incremento de los costos operativos, insumos y salarios y, especialmente, al aumento del canon por extracción de agua aplicado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos.
Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la falta de un estudio técnico detallado de costos y se reclamó mayor información sobre ese mismo componente.
El pedido de informe también incorpora la calidad de la prestación. En sus fundamentos menciona que durante 2026 se registraron reclamos vinculados con falta de presión y dificultades en el suministro, al mismo tiempo que el Municipio y COSAG informaron obras destinadas a mejorar la presión, capacidad y continuidad del sistema.
La iniciativa establece además que las respuestas no podrán limitarse a explicaciones generales. Cada punto deberá estar respaldado por normas, resoluciones, contratos, informes técnicos o documentación administrativa.
El proyecto también contempla una situación particularmente sensible: si existieran diferencias entre el cuadro tarifario aprobado por el Concejo Deliberante y los importes efectivamente facturados por COSAG, el Ejecutivo deberá explicar cuál es el origen de esas diferencias, desde cuándo se aplican y qué instrumento legal las autoriza.
El planteo del Bloque Alta Gracia Cambia abre así una discusión que excede el porcentaje del último aumento. El interrogante central pasa a ser cómo se construye la tarifa, qué criterios determinan cuánto paga cada categoría de usuario y qué respaldo legal, técnico y económico existe detrás de esas diferencias.