Alta Gracia recibió $1.390 millones en febrero: más del 38% del reparto departamental y una fuerte dependencia de la coparticipación

En un solo mes, el municipio concentró el 38% de las transferencias provinciales enviadas al departamento Santa María. El 41% del presupuesto total para 2025 depende de fondos nacionales o provinciales.

Durante febrero de 2025, la provincia de Córdoba transfirió $99.064.859.003 a municipios y comunas a través de mecanismos automáticos como la coparticipación, el fondo compensador y los acuerdos fiscales.

📍 En el departamento Santa María, el total de recursos enviados fue de $3.644.993.878, y Alta Gracia se ubicó como el municipio con mayor volumen, recibiendo $1.390.447.710, es decir, el 38,13% del total departamental y el 1,4% de lo girado a toda la provincia.

Desglose de las transferencias a Alta Gracia (febrero):

  • Coparticipación (Ley 8663): $1.186.503.748

  • Fondo de Compensación: $151.874.647

  • FASAMU / FOFINDES: $42.628.877

  • Bono Consenso Fiscal: $9.145.642

  • Otros: $294.796

En contraste, Malagueño recibió $642 millones, Despeñaderos $260 millones, Anisacate $256 millones, y otras localidades como Monte Ralo, Lozada o Bower rondaron entre $85 y $113 millones.


Comparativa interna del departamento Santa María:

📈 Proyecciones para todo 2025: ¿de qué vive Alta Gracia?

Según el presupuesto oficial del municipio, Alta Gracia prevé recaudar:

  • $13.300.986.000 por coparticipación impositiva corriente

  • $14.772.386.001 en total por “participación en impuestos provinciales y nacionales”

  • $35.463.986.015 en total, sumando ingresos propios y externos

Esto implica que el 41,6% del presupuesto municipal 2025 depende de fondos girados por Nación o Provincia.

📌 Si el promedio mensual de febrero se mantuviera, Alta Gracia terminaría el año con más de $16.600 millones en transferencias automáticas, por encima incluso de lo proyectado por coparticipación.


📣 La discusión que importa

¿En qué se usan esos fondos? ¿Cuánto se destina a salarios, a obra pública o a contrataciones políticas? ¿Existe control ciudadano sobre su ejecución?

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