La empresa cordobesa Márquez y Asociados enfrenta múltiples causas penales y civiles por presunta estafa y asociación ilícita. Obras paralizadas, empleados sin cobrar, denuncias de damnificados en varias provincias, y detenciones recientes marcan el colapso de una desarrollista que prometía el sueño de la casa propia.
Márquez y Asociados, una firma desarrollista con sede en Córdoba, Argentina, atraviesa una de las peores crisis del sector inmobiliario de la última década. La empresa, conocida por ofrecer servicios de construcción de viviendas con financiación propia, enfrenta múltiples causas judiciales, embargos, protestas laborales y un colapso operativo de gran magnitud.
Crisis operativa, laboral y financiera
Desde 2023, se reportaron graves demoras en la entrega de viviendas. En muchos casos, las obras quedaron paralizadas o nunca iniciadas, a pesar de que los clientes ya habían pagado parte o la totalidad de los contratos. Esta situación provocó una pérdida de confianza generalizada.
El impacto también alcanzó al personal de la empresa: empleados denunciaron la falta de pago de salarios, la ausencia de aportes jubilatorios y a obras sociales, y una drástica reducción en la planta laboral, que habría pasado de 700 a 300 trabajadores. Muchos de ellos realizaron protestas en las oficinas y sedes que, poco a poco, fueron cerrando o reduciendo su presencia física, e incluso fueron desalquiladas.
Sospechas de maniobras financieras y desvío de fondos
Mientras crecía el malestar, Márquez y Asociados impulsó unidades paralelas como Márquez Gold, Márquez Salud y Márquez Agrocampo, que no lograron revertir la situación. Además, surgieron sospechas sobre posibles desvíos de fondos a inversiones en el exterior, como una sociedad offshore en Florida (The Marlin Beachside LLC) y un hotel en Miami, vinculadas a los hermanos Ariel y Juan Pablo Márquez, propietarios de la empresa.
Desde 2024, la firma cambió su razón social a MRQZPABAR DESARROLLOS S.A., lo que muchos interpretan como una maniobra de reestructuración para evadir responsabilidades financieras o legales.
Avance de la justicia: allanamientos, detenciones y causas
Los acontecimientos judiciales se intensificaron en abril de 2025. La fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier, ordenó allanamientos en las oficinas de la empresa y domicilios particulares de los titulares. Como resultado, fueron detenidos tres dueños de la empresa y un contador, todos acusados de participar en un esquema de estafa con características piramidales【fuente 2†Cadena 3】.
La hipótesis de la justicia es que la empresa utilizaba los fondos de nuevos clientes para cubrir compromisos con clientes anteriores, generando una estructura insostenible que terminó colapsando. Este tipo de maniobra es propia de esquemas piramidales, y está siendo investigada como asociación ilícita y estafa agravada.
Causas civiles y reclamos de consumidores
En paralelo, se registran más de 92 expedientes en el fuero civil desde 2023, vinculados al incumplimiento de contratos, cláusulas abusivas, prórrogas unilaterales y pagos extra no contemplados. La Oficina de Defensa del Consumidor de Córdoba recibió más de 200 denuncias por incumplimientos y prácticas desleales, y alertó sobre la estrategia de la empresa de no presentarse a las audiencias ni cumplir con acuerdos conciliatorios.
También se reportaron pedidos de quiebra por parte de acreedores, aunque hasta el momento ninguno ha sido decretado. Las cuentas de la empresa se encuentran embargadas y bloqueadas, lo que impide el normal funcionamiento y la continuidad de sus operaciones.
Impacto social y desprotección de los damnificados
La situación tiene un impacto directo en cientos de familias que entregaron sus ahorros en busca de acceder a una vivienda propia. Hoy se enfrentan a contratos incumplidos, falta de respuestas institucionales y una incertidumbre total respecto a la posibilidad de recuperar su dinero o concretar la obra prometida.
Desde la empresa, Ariel Márquez reconoció en otras oportunidades demoras vinculadas a la pandemia y la inflación, pero negó cualquier operación fraudulenta. Sin embargo, la falta de avances visibles, la negativa a brindar explicaciones públicas y la detención de directivos refuerzan las sospechas judiciales.
El caso Márquez y Asociados podría convertirse en una de las mayores estafas inmobiliarias de la Argentina reciente. La magnitud del colapso, la cantidad de damnificados y el entramado financiero que investiga la justicia apuntan a un sistema diseñado para el engaño masivo.
La situación exige respuestas urgentes, no solo por parte de la justicia, sino también de los organismos estatales de control y protección al consumidor. Las familias afectadas reclaman no sólo justicia, sino reparación integral y garantías para que este tipo de hechos no se repitan.