Una polémica resolución oficial establece que los funcionarios podrán recibir aumentos salariales si logran achicar sus plantillas de empleados. La medida, firmada por Francos, Caputo y Sturzenegger, generó un fuerte rechazo gremial en vísperas del vencimiento de 50.000 contratos estatales.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una medida que encendió las alarmas en la administración pública nacional: funcionarios que reduzcan personal en sus áreas serán recompensados con un plus salarial, según lo estipulado en la Decisión Administrativa 7/2025. El incentivo se otorgará en función del «ahorro presupuestario» generado por los despidos, lo que fue calificado por el gremio ATE como un premio a la motosierra.
El artículo 5 de la resolución establece que “podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”. Esto deberá contar con la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y de la Subsecretaría de Presupuesto.
Desde el Ejecutivo defienden la medida como parte de su política de austeridad: “Reducir el tamaño del Estado es uno de los principales objetivos que nos trazamos”, indicaron desde Casa Rosada. Pero desde el sindicato estatal ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, el repudio fue inmediato y contundente: “Van a premiar a los que más despidan. Es un sistema de incentivos para mercenarios que hacen el trabajo sucio”, disparó.
La medida llega en un contexto de alta tensión: el próximo 31 de marzo vencen alrededor de 50.000 contratos en la administración pública. ATE ya convocó a un paro nacional con movilización para este jueves 27, con destino al Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, a quien acusan de motorizar los recortes. También exigen la renovación automática de los contratos y la reapertura de las paritarias, congeladas desde febrero.
Según datos de ATE, los salarios estatales cayeron un 44,4% durante 2024 y continúan perdiendo frente a la inflación. Las subas otorgadas —1,5% en enero y 1,2% en febrero— no compensan el deterioro del poder adquisitivo. Para el gremio, este esquema no solo desvía fondos públicos en favor de funcionarios, sino que además representa una admisión tácita de la pérdida salarial.
Un cálculo realizado por La Nación sobre la Secretaría de Trabajo ilustra el impacto: con 700 bajas desde 2023, el organismo podría recibir más de 64.000 unidades retributivas, lo que equivale a unos 52 millones de pesos a repartir entre sus autoridades. Esto, con salarios promedio del sistema SINEP estimados en $1.200.000 mensuales.
Por su parte, la UPCN aún no se pronunció sobre la medida, pero ya anunció su adhesión al paro general de la CGT convocado para el 10 de abril.
En el medio de esta ola de despidos, el Estado parece funcionar como una gran empresa privada donde reducir personal se convierte en mérito redituable. Y la motosierra, lejos de ser un símbolo, ya tiene su bonificación.