Mientras el Fondo Partidario Permanente reparte casi 650 millones de pesos entre los partidos, los aportes no declarados y los favores empresariales siguen moviendo el verdadero dinero de la política. Entre la transparencia prometida y la opacidad real, el contribuyente siempre paga la cuenta.
En las oficinas de la Dirección Nacional Electoral, un mes antes de las primarias, los contadores ajustan las cifras finales. $648 millones. No es un cheque en blanco, sino el pulso financiero de la democracia argentina: el Fondo Partidario Permanente (FPP) para 2025, distribuido con la precisión de un árbitro que mide faltas invisibles.
El esquema es simple en los papeles: 20% igualitario, 80% proporcional a los votos del pasado.
Así, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio se reparten más de 220 millones en conjunto, según los agregados del Anexo I de la Disposición 1/2025. Los números provienen de la última elección de diputados, cuando el peronismo aún pesaba en Buenos Aires y la UCR en Córdoba.
Pero si se baja la lupa, el mapa se vuelve desigual. En Córdoba, cuna de Juan Schiaretti, el Renovador Federal —corazón de Provincias Unidas— recibe unos 3,4 millones, una tajada modesta frente a los 4,5 millones de la UCR.
En Santa Fe, el socialismo apenas supera el millón, mientras el PJ se lleva once veces más.
La Ley 26.215, sancionada en 2007 para blindar las campañas de influencias privadas, prometía equidad y transparencia. Fondos públicos para todos, rendición de cuentas y reembolsos por publicidad.
Sin embargo, la realidad dibuja otro mapa: los grandes frentes se financian con el Estado; los chicos, con esfuerzo propio.
Schiaretti, exgobernador con un patrimonio declarado de más de 80 millones de pesos en 2023, podría aportar parte de su bolsillo, pero la ley lo limita: ningún donante —ni siquiera un candidato— puede superar el 2% del fondo total. Aun así, la estructura partidaria que lo acompaña recibe asistencia constante del presupuesto nacional.
Y eso es solo una parte del financiamiento.
El FPP representa el costado visible, el que deja rastro en los balances auditados.
El otro lado —el no declarado, la pauta encubierta, los favores empresariales, los gastos sin comprobante— sigue siendo el verdadero motor de la política argentina.
Ahí donde los aportes privados se mezclan con contrataciones públicas, y donde la transparencia se vuelve retórica.
Un auditor electoral que pidió reserva lo resume así:
“Los números oficiales sirven para cumplir la ley. Los reales, para ganar elecciones.”
Mientras tanto, un militante de Provincias Unidas recorre los barrios de Alta Gracia con volantes impresos en casa.
“Sin el FPP no hay chance”, confiesa. Pero ni él ni el contribuyente que paga impuestos saben cuánto cuesta realmente la política argentina.
¿Hasta dónde llega la transparencia cuando los fondos oficiales son apenas la primera capa del iceberg?