Más de 8.500 Empleados Públicos Percibían Indebidamente Plan Potenciar Trabajo
El Gobierno argentino se encuentra en medio de un escándalo político y financiero, ya que más de 8.500 empleados públicos de diez provincias fueron identificados cobrando indebidamente el programa Potenciar Trabajo. La denuncia, realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, revela una erogación irregular que supera los siete mil millones de pesos anuales.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está tomando medidas para dar de baja a estos beneficiarios en un intento por rectificar la situación. Esta decisión contrasta con la gestión anterior, donde la ex ministra Victoria Tolosa Paz fue imputada junto al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por no dar de baja a beneficiarios que recibían el plan de manera indebida, incluyendo a más de 160 mil personas que realizaron viajes de lujo al exterior.
La investigación de Marijuan, que involucra a empleados de diez provincias que enviaron datos y a la provincia de Buenos Aires que respondió parcialmente, destapa una compleja red de incompatibilidades que viola las normativas del programa social. Se destaca la participación directa de Pérsico en la administración del Potenciar Trabajo durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.
La ministra Pettovello se ha puesto a disposición de la fiscalía y ha solicitado el listado de incompatibilidades para trabajar en una resolución que permita dar de baja a los beneficiarios que no cumplen con los requisitos.
La fiscalía federal acusa a los involucrados de llevar a cabo «presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública«. Además, señala a los funcionarios públicos nacionales y provinciales por permitir o facilitar estos fraudes, acciones que podrían encuadrar en el delito de violación de los deberes de funcionario público.
El ranking de las provincias más afectadas lo encabeza Tucumán, con 1.145 empleados públicos beneficiarios, seguido por La Rioja, Jujuy, Corrientes, Salta, Río Negro, Córdoba, Formosa, y Santa Cruz. El monto total destinado a estos beneficiarios asciende a aproximadamente $7.5 mil millones anuales.
El fiscal Marijuan ha enviado su investigación preliminar a los fiscales federales de las diez provincias involucradas y ha solicitado la suspensión y/o baja de los planes sociales. También insta a hacer cesar los efectos del delito, suspendiendo los planes involucrados y realizando un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del programa.
Hasta ahora, 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no han respondido a los requerimientos de la justicia, lo que plantea interrogantes sobre posibles demoras administrativas o reticencia a divulgar información que involucra a empleados públicos en una situación escandalosa y contraria a la normativa del Potenciar Trabajo.
El programa Potenciar Trabajo, creado en 2020 para promover la inclusión social de personas en situación de alta vulnerabilidad, se ve empañado por este nuevo episodio de mal uso de fondos públicos. La necesidad de cerrar las canillas de ayuda social a aquellos que no la necesitan se vuelve urgente en un contexto donde se busca ajustar el gasto público y garantizar la transparencia en los programas sociales del país.