El choque fatal contra un caballo suelto en la autovía cerca de Alta Gracia sumó una derivación política. A las advertencias previas de vecinos y la actuación de Ojos en Alerta se agrega ahora un proyecto opositor para citar al subsecretario Agustín Saieg.
La tragedia ocurrida en la madrugada del 19 de abril sobre la Ruta Provincial 5, en cercanías del ingreso a Alta Gracia, abrió dos planos de análisis que hoy empiezan a superponerse: el judicial y el político. Por un lado, la investigación intenta determinar responsabilidades por la presencia de un caballo suelto sobre la calzada. Por otro, el caso ya ingresó de lleno en la discusión institucional local.
En ese marco, el concejal opositor Ricardo González, del bloque Juntos por Alta Gracia, presentó un proyecto de resolución para citar al subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg, y exigir explicaciones sobre la respuesta oficial ante las alertas previas. El texto invoca el artículo 82 de la Carta Orgánica Municipal y plantea una serie de preguntas concretas sobre el funcionamiento del sistema de prevención.
Las primeras coberturas del caso informaron que el siniestro se produjo en la Autovía 5, en la zona cercana al acceso a Alta Gracia, cuando una motocicleta impactó contra un equino suelto. Con el paso de las horas, la gravedad del hecho se profundizó y la tragedia terminó con la muerte de dos personas.
Pero el punto que hoy concentra la atención política es otro: hubo advertencias previas. Tanto en el proyecto legislativo como en capturas de grupos barriales de WhatsApp aportadas por vecinos aparece una secuencia coincidente: antes del choque fatal ya se había alertado sobre caballos sueltos en la ruta.
En esos mensajes, enviados alrededor de las 00:47, un vecino advertía sobre la presencia de animales “antes de la Shell frente a Berta”, en dirección Córdoba–Alta Gracia. Luego insistía en que eran varios caballos y en que la situación era peligrosa. La conversación muestra además que la alerta fue recibida por la Central de Monitoreo de Ojos en Alerta, desde donde se respondió que se había dado aviso al móvil policial y que el móvil estaba en camino.
Sin embargo, esa secuencia no alcanzó para evitar el desenlace. Horas más tarde, en ese mismo intercambio, vecinos daban cuenta de que ya se había producido un accidente fatal. A partir de allí, la discusión dejó de girar solo sobre la irresponsabilidad del dueño de los animales y empezó a enfocarse también en la eficacia real de la respuesta estatal.
El proyecto presentado por González apunta precisamente a ese punto. Solicita que Saieg informe cuál fue el protocolo de actuación ante la denuncia recibida vía WhatsApp, si se dio intervención al personal policial y/o a la Guardia Urbana, cuántos móviles estaban disponibles en ese momento y qué tareas cumplían. También pide precisiones sobre un procedimiento realizado en el Sierras Hotel, donde, según el texto, se encontraban afectados móviles de seguridad urbana al momento del siniestro.
El documento remarca además que Alta Gracia adhirió, mediante la Ordenanza 12801, a la Ley Provincial 10.954, que establece funciones para las guardias locales de prevención y convivencia. Entre ellas figuran la disuasión, prevención y cese de infracciones y contravenciones, además de la colaboración con la Policía y otros organismos competentes en materia de protección civil. Sobre esa base, la iniciativa opositora sostiene que debía existir una actuación preventiva ágil y rápida.
Las capturas vecinales añaden otro elemento incómodo. Según lo expresado en el grupo, no se trataba de un episodio aislado, sino de un problema reiterado. Algunos participantes afirmaban que era la “tercera vez en menos de 20 días” que ocurría algo similar en la zona y hablaban de más de 20 caballos sueltos sobre la ruta. Esa percepción refuerza la idea de que no se estaría ante una contingencia totalmente imprevisible, sino ante una situación que ya generaba preocupación previa entre los vecinos.
A eso se suma un dato político llamativo: Agustín Saieg figura como integrante de uno de esos grupos barriales de WhatsApp. Ese detalle no demuestra por sí solo que haya intervenido personalmente en el episodio ni que haya visto en tiempo real cada mensaje, pero sí agrega un componente sensible al debate sobre la cercanía entre los canales comunitarios de alerta y la estructura municipal de prevención.
Con esta actualización, la nota cambia de escala. Ya no se trata solamente de reconstruir una tragedia vial, sino de observar cómo una denuncia vecinal, una respuesta institucional y un resultado fatal terminan convirtiéndose en materia de control político. Y allí aparece con claridad el rol de la oposición local: Ricardo González y el bloque Juntos por Alta Gracia fueron quienes transformaron esas dudas en una acción legislativa concreta.