Desde 2022 el predio detrás de la laguna sanitaria acumula basura y polémicas. Entre incendios, denuncias vecinales y respuestas oficiales, el foco se corre de la contaminación al mensajero.
En la reciente entrevista radial, el viceintendente Jorge De Nápoli intentó explicar los incendios en el predio detrás de la laguna sanitaria. Los definió como “de dudosa etiología” y sugirió que podrían ser provocados por vecinos. En su relato, el foco no es la basura acumulada, ni el riesgo ambiental, ni la falta de control: el verdadero problema, según su versión, sería la intencionalidad política de quienes filman y difunden lo que ocurre.
A esto se sumó el conductor Alejandro Boero, quien con sarcasmo apuntó contra la concejal Lucía Allende: “Es como un capítulo de Los Simpson: cada vez que hay un incendio, ella aparece atrás y graba justo”. Más que una broma, la frase instala una sospecha sin pruebas y desvia el debate hacia la credibilidad de quien documenta, en lugar de la contaminación que sufren los vecinos.
Este giro discursivo —matar al mensajero— es una estrategia repetida para eludir responsabilidades. El debate se corre: de toneladas de residuos y humos tóxicos, a discutir quién grabó el video y con qué intención.
La cronología muestra que no se trata de un hecho aislado. En octubre de 2022, la Municipalidad admitió que usaría el predio como depósito “temporal” de basura por el cierre de Piedras Blancas. En junio de 2023, medios locales constataron que ya se acumulaba basura de todo tipo y se registraban quemas frecuentes. En septiembre de 2024, la oposición denunció un basural a cielo abierto; el secretario de Servicios Públicos, Matías Odiard, lo minimizó como “restos de poda”. En diciembre de ese año, nuevos incendios fueron atribuidos a “vecinos que prenden fuego para sacar metales”. En agosto de 2025, tras otro siniestro, Odiard declaró que la “única solución es llevar infraestructura”, aunque las quemas continúan.
En los papeles, el predio debía ser solo para poda y escombros. En la práctica, funciona como un centro de transferencia irregular de basura domiciliaria: camiones descargan para ahorrar viajes y los residuos quedan expuestos durante días. El riesgo es permanente: cualquier chispa enciende un desastre ambiental.
La falta de control agrava la situación. Empresas de contenedores descargan basura sin fiscalización, la ordenanza ambiental se incumple y el municipio manipula residuos de forma irregular. La solución —cerrar el predio, controlar ingresos y aplicar sanciones— requiere decisión política. Pero hasta ahora la prioridad parece ser cuidar la imagen.
La política también quedó en evidencia en el Concejo. En una comisión, el concejal Duilio Silva desestimó un reclamo vecinal señalando que a una reunión habían asistido “cinco” vecinos, culpándolos de “no comprometerse”. Pero un concejal representa a todos, no solo a quienes van a una reunión. Medir legitimidad en sillas ocupadas minimiza la función representativa y la desconfianza hacia la dirigencia.
La verdad incómoda es que la situación no es una fatalidad inevitable, sino consecuencia de decisiones políticas, falta de control y ausencia de soluciones de fondo. El verdadero incendio no está en las llamas: está en una gestión que desde 2022 hasta hoy naturalizó un basural a cielo abierto y prefirió cuestionar a quien lo denuncia antes que resolverlo.