La administración de Javier Milei anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Esta reestructuración implicará la reducción del 34% de los cargos públicos y el despido de 3100 empleados. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el ajuste representará un ahorro de $6400 millones anuales.
Este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó una de las medidas más drásticas del gobierno de Javier Milei: la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Según Adorni, esta decisión se tomó con el objetivo de reducir la estructura del Estado y optimizar el funcionamiento de los organismos encargados de la recaudación y control fiscal en el país.
“El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la AFIP dejará de existir. En su lugar se va crear la Agencia de Regulación y Control Aduanero, con una estructura simplificada», señaló el vocero durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde también explicó que la nueva agencia contará con una estructura más ágil que reducirá el 45% de las autoridades superiores y un 35% en los niveles inferiores.
Entre los anuncios más relevantes, Adorni mencionó la reubicación o desvinculación de 3100 empleados que habrían ingresado al organismo durante el gobierno anterior «de manera irregular». Esta medida, sumada a la eliminación de la llamada «cuenta de jerarquización», que beneficiaba a altos funcionarios del organismo, implicará un ahorro de $6400 millones anuales para el Estado.
El nuevo organismo buscará, según el gobierno, mejorar la eficiencia en la recaudación y evitar las prácticas de persecución política que, según las autoridades, caracterizaron a la AFIP en años anteriores. «El titular y los directores de la nueva agencia pasarán a cobrar sueldos equivalentes a los de ministros y secretarios de Estado, ajustándose a criterios más razonables”, detalló Adorni, quien también destacó que la AFIP había funcionado como una “caja política” durante años.
Con este cambio, el Gobierno continúa su plan de ajuste del gasto público, que ya ha generado debates y controversias tanto en sectores políticos como sindicales. Los próximos pasos se enfocarán en la implementación de la nueva agencia y en la gestión de las reubicaciones y despidos previstos.