Milei ordena baja de 200 mil pensiones por discapacidad y audita más de un millón de casos

Milei ordena baja de 200 mil pensiones por discapacidad y audita más de un millón de casos

El Gobierno de Javier Milei confirmó que eliminará 200 mil pensiones por discapacidad debido a irregularidades detectadas en el cobro de estos beneficios, en el marco de una auditoría masiva sobre un total de 1.25 millones de pensiones vigentes. “Lo que antes funcionaba sin ningún tipo de control, ahora será supervisado a fondo”, declaró Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el funcionario, uno de los mayores problemas detectados es el abultado gasto en transporte de personas con discapacidad, el cual, ejemplificó, «equivale a 72 viajes de ida y vuelta a la luna cada mes». Este gasto, argumenta el Gobierno, se ha vuelto insostenible, ya que la ayuda representa una cobertura mensual de $220.024 por persona, lo que corresponde a un 70% de una jubilación mínima.

Auditoría a fondo y nuevas condiciones

La auditoría abarcará los beneficios otorgados en los últimos cuatro años, con un enfoque especial en las provincias de Chaco, La Rioja, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, donde se han detectado irregularidades, supuestamente ocurridas durante la administración de Alberto Fernández. La agencia ANDIS espera concluir la auditoría en mayo de 2025 y estima que podrían sumarse más bajas de pensiones.

En paralelo, la agencia reveló que ha colaborado con el Ministerio de Seguridad para detener a 14 prófugos que cobraban pensiones de manera fraudulenta. Los requisitos de acceso al beneficio también han sido ajustados, y el Gobierno asegura que solo mantendrán las prestaciones que cumplan con los criterios de necesidad.

Respuesta del Gobierno y objetivos a futuro

El Gobierno, en palabras de Spagnuolo, asegura que la auditoría no perjudicará a quienes realmente necesiten la ayuda y que el objetivo es “un sistema de pensiones justo y viable para quienes realmente lo necesitan.” Esta medida forma parte del plan de optimización de gastos y reducción de la asistencia social en personas que, de acuerdo con el informe oficial, no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad.

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